El personaje más siniestro que rodea al proyecto de expropiación de YPF es el exministro de Obras Públicas del menemismo, Roberto Dromi, arquitecto de los nefastos negociados que se tejieron con las privatizaciones en los años ‘90, que se ha reciclado y que ahora, veinte años más tarde, aparece como uno de los principales asesores del ministro Julio de Vido.
Desde mediados de 2011, Dromi comenzó a reaparecer públicamente proponiendo un cambio en la estructura jurídica y societaria de YPF que, en definitiva, es lo que está haciendo el kirchnerismo. “Hay que repensar a YPF como una empresa más protagonista, que dé respuestas a las necesidades del país, con un compromiso social más marcado y un mayor control accionario del Estado”, sostuvo Dromi en noviembre pasado.
En definitiva, el kirchnerismo, que acompañó a Menem en la entrega del patrimonio nacional, ahora convocó y sumó a sus filas al creador del monstruo para seguir haciendo negociados.
Entre las privatizaciones gerenciadas por Dromi se destacó la venta de la empresa Aerolíneas Argentinas, por entonces la primera empresa aeronáutica de Sudamérica, comprada por la empresa española Iberia, aunque el propio Dromi ha declarado que el verdadero comprador fue la corona de España.
La privatización de Aerolíneas fue muy cuestionada, debido a que sólo Iberia se presentó como ofertante durante el proceso de venta, así como por la existencia de un rubro contable titulado como “gastos de instalación”, de 78 millones de dólares, al que se le ha atribuido encubrir pagos de sobornos.
Dromi también intervino en el proceso de privatización de caminos mediante peajes, que transformó profundamente el sistema de gestión y uso de las rutas terrestres en Argentina. En 1999, el ingeniero Guillermo Laura, quien fue secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acusó a Dromi de haber recibido sobornos por 7 millones de dólares en el curso de las privatizaciones de rutas.
Dromi fue autor del proyecto que dio origen a la importante ley de Reforma del Estado de 1989. Y, según sus propias declaraciones, fue suya la idea de incorporar al gobierno a María Julia Alsogaray, una de las funcionarias más corruptas de la historia de nuestro país El 14 de enero de 1991, Dromi cesó como ministro al disponer el presidente Menem la disolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, traspasando sus funciones al Ministerio de Economía, dentro de las medidas tomadas como respuesta a las sospechas de corrupción por el denominado Swiftgate, un escándalo que tomó estado público cuando el embajador estadounidense y luego director de Aerolíneas, Terence Todman, denunció un intento de soborno en perjuicio de la empresa Swift Armour SA, hecho que llevó a una grave crisis política.
