Por RICARDO KIRSCHBAUM, EDITOR GENERAL DE CLARÍN
La expropiación de YPF es un acto soberano y trascendente. Por sus consecuencias internas y externas, se trata de la más importante decisión política después de la quita de la deuda externa, adoptada por Néstor Kirchner. Es una ley que ratifica, además, la concepción de que el fin justifica cualquier medio, en la que las formas legales tienen menos importancia que el fondo de la cuestión. Y que rectifica, porque es una aceptación de que la política energética hasta aquí ha traído más perjuicios que beneficios. La pérdida del autoabastecimiento energético, condición recuperada durante la presidencia de Arturo Frondizi, quien fue derrocado por un golpe militar hace 50 años, se verificó durante las administraciones de Néstor y de Cristina Kirchner, aunque la caída de la producción ya era evidente.
El derecho a la expropiación de un área estratégica es una cuestión indiscutible si ésta se atiene a la ley. Es un atributo soberano de un país que, simultáneamente, debe mantener y defender reglas de juego previsibles para que ese mismo acto no se convierta en una confiscación lisa y llana.
Pero lo que está en juego es si, al cabo, la expropiación de YPF conseguirá el objetivo que la propia ley proclama, es decir recuperar el autoabastecimiento energético y convertirse en un pilar del desarrollo interno. Este acto de soberanía necesita imperiosamente de una política que se demuestre eficiente. Esa será, en definitiva, la prueba del ácido. Si la meta es que sea tan eficiente como lo fue con Aerolíneas Argentinas, como dijo Axel Kicillof, el verdadero inspirador de esta trascendente decisión, constituiría un serio error por los pobres resultados de la gestión con la línea de bandera.
La reversión de la política acordada con Kirchner de girar las utilidades para pagar la "argentinización" tendrá un impacto.
Lo importante, en definitiva, es convertir a YPF en una empresa que utilice a fondo los recursos que, se sabe, subyacen en el país. La necesidad de capitales de inversión para explotarlos debería formar parte de las prioridades de una nueva política, determinando alianzas empresarias y el ingreso de capitales para la envergadura de la tarea propuesta.
Se calcula que para la explotación de "Vaca Muerta", el yacimiento cuyo hallazgo hizo a Cristina elogiar a los ejecutivos privados de Repsol-YPF ahora echados, se necesita una inversión imposible para YPF por sí misma. El potencial del yacimiento puede atraer a los grandes jugadores de la industria.
¿Por qué la "nueva política" tendrá mejores resultados que la que no funcionó? Con sólo el voluntarismo como motor encendido por la decisión no basta.
¿Y por qué los mismos que condujeron esta política energética que llevó al "desastre", según Kicillof, serán capaces de convertirla en exitosa?
