La posibilidad de que haya un proceso similar al de la empresa Aerolíneas Argentinas, que pierde dos millones de dólares por día, genera controversias. Los favores para La Cámpora.
En los últimos días circuló con fuerza una supuesta pelea entre el Grupo Eskenazi, accionista minoritario en YPF, socio de Repsol, y el Gobierno nacional. Y ello derivó en distintos trascendidos en torno a la posibilidad de que el kirchnerismo, utilizando como excusa el enfrentamiento que se desató con las petroleras por el precio del gasoil, anuncie una reestatización de YPF.
Lejos de ser una medida que busque recuperar la empresa que le permitió al Estado tener una importante autonomía en materia de hidrocarburos durante décadas, la movida que estaría realizando el Gobierno buscaría replicar la oscura operatoria que se hizo con Aerolíneas Argentinas.
La línea aérea de bandera, en los papeles, pasó a ser de administración estatal, pero nunca llegó a ser expropiada, y el pasivo millonario que arrastraban los accionistas españoles pasó a depender del sector público. Fue, lo que se suele decir, un negocio redondo, y el conjunto de los ciudadanos están pagando, con sus impuestos, una fiesta ajena. Todo esto se habría evitado si el Estado creaba una nueva compañía y obligaba a los accionistas privados (el grupo español Marsans) a cumplir con sus compromisos.
El Estado se hizo cargo de una empresa vaciada. Y actualmente se están pagando las consecuencias: Aerolíneas Argentinas tiene una pérdida diaria de dos millones de dólares y, lejos de ofrecer un buen servicio, a fines del año pasado canceló varios destinos internacionales, que se sumaron a la ola de protestas gremiales que generaron escenas de caos tanto en el aeropuerto de Ezeiza como en el Aeroparque Metropolitano.
Eso no es todo: desde su estatización, en Aerolineas desembarcaron numerosos integrantes de la agrupación kirchneristas La Cámpora que, sin ningún tipo de experiencia en temas de aeronavegación comercial, accedieron a cargos de conducción, con sueldos superiores a los $60 mil.
Lo mismo podría ocurrir con YPF.
El gobierno nacional, a fines del año 2004, creó la empresa estatal Enarsa que, en un principio, fue presentada como una firma que iba cumplir el mismo rol que tuvo YPF antes de su privatización en los años '90. Pasaron más de siete años, y Enarsa sólo es una pantalla para hacer negocios que utilizan grupos privados cercanos a la administración K.
