Por: Mariano Martín
El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime quedó de momento a salvo de seis causas judiciales en su contra, al ser declarada la nulidad como prueba de más de 20 mil correos electrónicos secuestrados de las computadoras de uno de sus asesores. El juez federal Norberto Oyarbide anuló ayer una pericia practicada sobre las CPU de Manuel Vázquez, exasesor de Jaime e involucrado junto al exsecretario en sumarios por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Al mismo tiempo que se conocía el trágico accidente ferroviario en Once (ver pág. 2), el magistrado firmaba un escrito de 43 páginas en el que daba por finalizada la posibilidad de utilizar los mails como prueba en contra de Jaime y Vázquez en varios expedientes en trámite. A salvo de ese obstáculo quedarán las causas por presunto enriquecimiento ilícito y por supuesta percepción de dádivas de las que se lo acusa al exsecretario, y en las que será llamado a indagatoria antes de mitad de año.
El fiscal Carlos Rívolo no había sido notificado ayer de la decisión del juez, pero hizo saber que en caso de confirmarse apelará la medida. El funcionario había defendido la validez de los correos electrónicos para que fuesen utilizados como pruebas en contra de Jaime y Vázquez.
Bloqueo
Por lo pronto, la nulidad resuelta ayer bloqueará al menos seis causas en trámite: dos de ellas investigaban presuntas irregularidades en el Belgrano Cargas (una, por la compra de vagones, y la otra por la reconcesión del servicio); otra, por la compra de aviones brasileños Embraer por parte de Aerolíneas Argentinas; otra por la adquisición de material de material ferroviario a España y Portugal; otra por un contrato de remodelación de las estaciones ferroviarias, y la última por la contratación de servicios de asesoría por parte de la línea aérea LAN.
La compra de vagones para el Belgrano y de los Embraer para Aerolíneas, y la adquisición del material ferroviario español y portugués eran causas preexistentes al allanamiento en las oficinas de Vázquez que determinó el secuestro de sus computadoras. Pero habían cobrado renovado impulso a partir de la lectura de los correos electrónicos. Los otros tres sumarios fueron abiertos a instancias del análisis de los mails.
De hecho, la aparición de los documentos había dado intervención a nuevos magistrados en las causas en contra de Jaime: en paralelo con la investigación de Oyarbide, los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini, Sergio Torres y Ariel Lijo aguardaban el resultado de los estudios sobre los mails para avanzar en sus propias pesquisas, que ahora quedaron bajo serio cuestionamiento.
Oyarbide declaró la nulidad sobre la base de una supuesta fractura en la «cadena de custodia» de las computadoras incautadas. En esa línea, responsabilizó al personal de la Policía Federal encargado de peritar el material informático, uno de los cuestionamientos centrales de los defensores del exsecretario de Transporte y de su exasesor. En cambio, rechazó los planteos de los abogados que objetaban la utilización de los correos como prueba por entender que habían sido obtenidos de manera irregular por parte del juez de la causa.
En 2009 Oyarbide ordenó dos allanamientos en viviendas de Vázquez y secuestró once computadoras. Sobre las máquinas fueron practicadas dos pericias: la primera, a cargo de la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal. La segunda, por especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Ya en mayo del año pasado la Sala I de la Cámara Federal había puesto en duda la validez de los correos electrónicos como prueba en los expedientes. La resolución del tribunal obligó a Oyarbide a llamar nuevamente a los peritos que intervinieron en los análisis.
Implacable
En su resolución de ayer, el magistrado se manifestó implacable respecto de la tarea de la Federal, al señalar que el manipuleo de las computadoras demostró «negligencia operativa en las pericias informáticas efectuadas por personal policial». «Queda demostrado en autos que no se ha mantenido la cadena de custodia de las máquinas en cuestión desde el momento mismo en el cual fueron peritadas por la División Apoyo Tecnológico, es decir su movimiento, manejo y resguardo han alterado su valor probatorio, no pudiendo ser las mismas admitidas como prueba y valoradas como tal», señala el juez.
En el plano técnico, y sobre la base de los peritos que analizaron la tarea policial, Oyarbide sostiene que el personal que realizó la primera pericia «no utilizó un bloqueador de escritura -que impide el acceso en modo de escritura a la estructura del disco rígido a analizar- porque al momento de llevarse a cabo la misma no se contaba en la dependencia con dicho dispositivo» y que recién fue adquirido por la fuerza un año después.
De acuerdo con el juez, la no utilización de un «bloqueador de escritura» dejó abierta la chance de eventuales reescrituras de los correos electrónicos y, por lo tanto, invalidó su carácter de prueba incriminatoria.
