A la provincia se le pide austeridad, pero la empresa percibe más subsidios.
La política de subsidiar a empresas públicas está mostrando su costado más oscuro. A partir de ahora, el Estado nacional no podrá comprar los pasajes aéreos a la empresa que le ofrezca el mejor precio o servicio sino que obligatoriamente deberá hacerlo con Aerolíneas Argentinas.
A la enorme masa de subsidios explícitos que recibe Aerolíneas - muy superiores, por ejemplo, a los que con mucha reticencia se le transfirió a la Provincia de Buenos Aires- se suma esta vía solapada de asignarle fondos públicos.
Un rasgo que caracteriza a Aerolíneas desde su estatización es la falta de transparencia. Aún con esta importante limitación, en base a información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), elaborada con datos oficiales del Ministerio de Economía, se pueden aproximar los subsidios que el Tesoro nacional viene transfiriendo a Aerolíneas Argentinas:
- En el 2011 la compañía recibió $ 3.455 millones
- En el primer cuatrimestre del 2012 los subsidios alcanzaron a $ 1.072 millones
Proyectando para todo el año 2012 es probable que superen los $ 3.200 millones, es decir, un valor parecido al del año pasado.
Que una empresa del tamaño de Aerolíneas llegue a semejante desequilibrio sólo se puede explicar por graves deficiencias en la gestión. Esto hace visible un cuestionable derroche de fondos públicos y desnuda contradicciones y arbitrariedades en la asignación de prioridades. A la Provincia de Buenos Aires se le retaceó asistencia limitándola, según el Ministerio de Economía, a $ 1.500 millones de transferencias no reintegrables (más un préstamo de la Anses por $ 600 millones) con el sano argumento de que no es recomendable convalidar la mala administración. Pero a una empresa pública con pésima gestión y una relevancia insignificante, respecto a la Provincia de Buenos Aires, se le transfiere el doble.
En Aerolíneas Argentinas, a los subsidios explícitos, se suman los subsidios solapados que recibirá al ejercer el poder monopólico de los viajes dentro del Estado nacional.
Mientras que a la Provincia se le reclama más austeridad y eficiencia, a AA se le convalida la baja calidad y poca transparencia de la gestión obligando a que el resto de los organismos estatales se sometan a sus precios y calidad del servicio.
El gobierno de Uruguay, frente a un desafío parecido, no estuvo dispuesto a asignar subsidios explícitos desde el presupuesto público a Pluna. Tampoco que recibiera subsidios disfrazados a cargo de otros organismos del Estado.
Así, el vecino país ofrece un testimonio muy aleccionador de las ventajas de combinar racionalidad económica con equidad social.
