Nota - Economía & Negocios - Pag. 13
El análisis
Por Néstor Scibona
La decisión oficial de impedir la incorporación de un nuevo avión a la flota de LAN Argentina no sólo es un eslabón más en la cadena de distorsiones que afectan al mercado aerocomercial argentino. También es una muestra de que, cuando se restringe la competencia, los perjudicados directos son los pasajeros.
En la actualidad, las tarifas de cabotaje resultan comparativamente más altas en muchos destinos que cubre exclusivamente Aerolíneas Argentinas que en los que comparte rutas con su competencia interna, que el Gobierno ha venido asignando con cuentagotas. Esta situación desvirtúa el argumento de que, por tratarse de la línea área estatal "de bandera", cumple un rol de fomento en las rutas menos rentables.
La realidad indica, en cambio, que el crónico déficit de la empresa estatal obedece a múltiples factores. Entre ellos, el sobredimensionamiento de su plantel de personal de vuelo, la superposición de estructuras administrativas con Austral, las pérdidas en la mayoría de sus servicios internacionales y hasta el importante reequipamiento de su flota con fondos que surgen del Presupuesto Nacional de cada año.
A este cuadro deben agregarse las "tarifas políticas" que predominaron antes y después de su reestatización en 2008 y que comenzaron a moverse en los últimos dos años bajo un sistema de bandas tarifarias que todavía está a años luz de tener cierta razonabilidad, incluso en relación con otros medios de transporte. Sin ir más lejos, hasta no hace mucho las tarifas de los ómnibus de larga distancia -para los cuales el Gobierno vino autorizando sucesivos ajustes para no subsidiar sus aumentos de costos- eran más altas que las del transporte aéreo para muchos destinos, pese a la enorme diferencia de tiempo de viaje. Incluso, las compañías de autotransporte no aplicaron en su totalidad el último aumento de 20% autorizado meses atrás, para no quedar en desventaja frente a las del avión y perder pasajeros.
Con este esquema fuertemente distorsionado, es paradójico que a través de la ANAC el Gobierno impida una mayor competencia en el transporte aéreo de cabotaje e incluso frene nuevas inversiones para desarrollarlo. Esto perjudica a los pasajeros argentinos que viajan desde y hacia destinos de cabotaje donde el avión es insustituible debido a las largas distancias. Y también a los extranjeros, justo en un momento en que, a raíz del deterioro cambiario, no sólo escasean nuevas inversiones, sino que la Argentina se ha vuelto a convertir en un destino caro para el turismo externo.
Así, la "protección" oficial a Aerolíneas Argentinas y a Austral se convierte en una forma de convalidar sus costos internos -de los que rara vez ambas compañías rinden cuentas- y alejarlas de una mayor competencia que debería favorecer a los pasajeros de unas y otras. La diferencia es que, en el primer caso, los costos deben ser solventados por todos los argentinos -viajen o no en avión- a través de impuestos directos o indirectos y, en el de LAN, de las inversiones que asume la compañía por su cuenta y riesgo.
