Nota
La Audiencia Nacional española fijó ayer para el 28 y 29 de noviembre el juicio al ex presidente de la patronal empresarial española CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al ex presidente de Air Comet Antonio Mata por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001.
La Audiencia Nacional española fijó ayer para el 28 y 29 de noviembre el juicio al ex presidente de la patronal empresarial española CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al ex presidente de Air Comet Antonio Mata por un delito contra la Hacienda Pública tras comprar Aerolíneas Argentinas en 2001.
Están acusados de fraude fiscal
Inicialmente, la audiencia estaba programada para el pasado febrero, aunque fue suspendida debido a que un exhorto solicitado a Argentina, como prueba anticipada por una de las partes, no estaba correctamente cumplimentado, informaron fuentes jurídicas. Tras una nueva petición se estableció otra fecha para la celebración del juicio.
Junto a Díaz Ferrán en prisión desde diciembre por el vaciamiento del Grupo Marsans y Mata, para los que la Fiscalía pide una pena de dos años y cuatro meses de prisión, estaba acusado el empresario Gonzalo Pascual, que falleció en junio del año pasado.
La causa se remonta a 2001, cuando el Estado español vendió Aerolíneas Argentinas a Air Comet, que no declaró supuestamente los beneficios obtenidos con la operación. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92% de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1% de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Antonio Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Miguel Ángel Carballo, el contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur; por Mata, en nombre de Air Comet actualmente en liquidación, y por la SEPI.
Air Comet utilizó ese dinero no para pagar a los acreedores, sino para fondearse en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40% de lo invertido gracias al convenio aprobado por AA para saldar sus deudas. De esta forma, al no haber declarado los beneficios obtenidos por la compra de AA, el fiscal pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones de euros de indemnización solicitada. También plantea que los acusados pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.
El juez instructor Eloy Velasco descartó, no obstante, que los empresarios hubieran cometido delitos de falsedad contable, fraude, estafa procesal y malversación de caudales públicos, y que la SEPI hubiera amparado esas conductas.
