Por Fabián Villella MONTEVIDEO, 9 (ANSA)- La conformación de una aerolínea cooperativa de bandera en Uruguay tiene ahora un obstáculo importante, al ser declarada inconstitucional una ley de liquidación de la ex Pluna, que dio quiebra en julio del año pasado.
La Suprema Corte de Justicia falló en contra de la norma por tres votos contra dos de sus cinco integrantes, lo que hace caer los tres primeros artículos, por los cuales se creó un fideicomiso para la liquidación.
En ese fideicomiso están siete aviones Bombardier, de origen canadiense, que pertenecían a Pluna, tres de los cuales fueron comprados recientemente en 47 millones de dólares por la cooperativa aérea en formación Alas-U, que integran ex trabajadores de Pluna.
"Nosotros seguimos manteniendo el proyecto; esto no tiene por qué afectarnos. Para nosotros no cambia nada", dijo un vocero de Alas-U tras conocer el fallo judicial.
No obstante, representantes de los acreedores de Pluna dejaron en claro que los aviones, incluidos los tres que compró Alas-U, deben volver ahora al concurso y rematarse para cubrir las deudas.
"No hay dudas de que los aviones van al concurso, porque el fallo de la Corte derogó la médula de la ley. Cualquier otra interpretación es equívoca", dijo a el abogado Pablo Correa, representante de un ex gerente despedido de Pluna, al diario El País.
Por su parte, la abogada Gisleine Barboza, representante de cerca de 3.000 clientes de Pluna que tenían pasajes adquiridos pero no pudieron volar por el cierre de la empresa, afirmó que con la sentencia "los aviones vuelven al patrimonio de Pluna, de donde nunca debieron haber salido".
Sin esos aviones, que serán rematados en favor de los acreedores, se pone un obstáculo importante en la conformación de la nueva aerolínea, que apuntaba a la realización de vuelos regionales con unos 400 trabajadores. Otra de las consecuencias de la resolución, es que el Estado, que tenía una participación de 25% en el paquete accionario de Pluna, pasará a ser último en la lista de acreedores y además deberá afrontar de sus propias arcas algunas deudas, entre ellas, 126 millones al Scotiabank de Canadá por la compra de otros seis aviones que estaban en leasing.
También se adeudan unos 30 millones a ANCAP, petrolera estatal y alrededor de 10 millones de dólares por mantenimiento de la flota aparcada en el Aeropuerto de Carrasco.
Según algunas estimaciones, la resolución de la Suprema Corte de Justicia haría aumentar la deuda de la ex Pluna en unos 300 millones de dólares, aunque no se reveló a cuanto ascendería actualmente el pasivo total.
La oposición política reclamó la renuncia de los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, por entender que son responsables en la elaboración de la ley que ahora cae.
El líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, sostuvo a través de las redes sociales que "los Ministros tendrían que tener sensibilidad, asumir sus errores y dejar sus cargos; le causaron un daño millonario al país".
Bordaberry señaló además en declaraciones a la televisión, que se vuelve "bastante difícil" la conformación de Alas-U, debido a que, de concretarse, esta cooperativa comenzaría a operar con una deuda de al menos 60 millones de dólares.
El gobierno del presidente José Mujica decretó el cierre de Pluna el 5 de julio de 2012, semanas después de desplazar al socio del Estado en la empresa, el grupo privado Leadgate, y tras revelarse un pasivo de 350 millones de dólares. En octubre del año pasado fracasó una subasta de siete aviones Bombardier, que el empresario argentino Juan Carlos López Mena se había adjudicado en 137 millones de dólares y que luego desistió de comprar. FV-ADG/ACZ
