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POR SUPUESTO FRAUDE FISCAL CON LA COMPRA DE LA COMPAÑÍA AÉREA
Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata están acusados del delito fiscal contra el fisco por 99 millones de euros. Afrontan una pena de dos años y cuatro meses de prisión
EL CRONISTA Buenos Aires
Hoy comienza en España el juicio contra Gerardo Díaz Ferrán, el empresario español ex dueño de Aerolíneas Argentinas acusado de cometer delito fiscal por 99 millones de euros, en la adquisición de la compañía aérea hace 13 años.
Aunque se había descartado el delito de malversación de fondos públicos, de la documentación del concurso de acreedores y del Tribunal de Cuentas español se desprende que el Estado europeo emitió un cheque por u$s 47,5 millones que debía utilizarse para ampliar el capital de la aerolínea que nunca se cobró. Estas circunstancias podrían dar lugar a nuevas actuaciones judiciales en contra del empresario.
Está previsto que el juicio, que se celebra en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional se extienda hasta el viernes.
Díaz Ferrán y su ex socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio de 2012, compraron Aerolíneas Argentinas al Estado español en 2001 a través de Air Comet, y siete años más tarde perdieron la compañía tras ser expropiada por el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández, que reestatizó la aerolínea de bandera en 2008.
Poco después, todo el entramado empresarial de Díaz Ferrán se desmoronó: en 2009 cayó Air Comet y luego, en 2010, quebró Viajes Marsans, el mayor operador turístico de España.
Así, el otrora influyente presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) fue detenido en diciembre de 2012, en prisión provisional por el vaciamiento patrimonial de Marsans.
Según un cable de la agencia Télam, un reciente informe policial reveló que Díaz Ferrán ocultó a sus acreedores bienes inmobiliarios valuados en 88 millones de euros gracias a la ayuda del comprador de Marsans, Ángel de Cabo, quien también está preso. Díaz Ferrán está inhabilitado por 15 años para administrar cualquier empresa o bien ajeno, luego de ser condenado a pagar 400 millones de euros por el concurso de acreedores de Marsans.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, afronta un pedido de dos años y cuatro meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública cometido en el ejercicio del 2002, por la compra de la aerolínea. El fiscal Miguel Ángel Carballo pide igual condena para Antonio Mata, ex presidente de Aerolíneas, y reclama una indemnización conjunta equivalente al dinero defraudado, es decir, 99 millones de euros.
En 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España vendió el 92,1% de sus acciones de Aerolíneas a Air Comet, entonces presidida por Mata, por un valor simbólico de u$s 1 y un pasivo de la compañía de u$s 300 millones. Las acciones restantes quedaron en poder del gobierno argentino (5%) y los trabajadores (2,9%). Un año antes, la SEPI se había quedado con el 99,2% de las acciones de Interinvest, propietaria de Aerolíneas y Austral, que afrontaba pérdidas tras la gestión de Iberia, que a su vez había comprado la aerolínea argentina en 1990 en plena ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem.
