Representa un aumento del 22,5% del presupuesto y será para subsidios, YPF y Aerolíneas
Mientras la Argentina se acostumbra a transitar por el camino de un default de controvertida denominación, varios economistas consultados se hacían ayer la misma pregunta: ¿quién le prestará al país en estas condiciones? Es muy probable que nadie de afuera, por lo que el único camino de financiamiento se reduce a los organismos del propio Estado.
Además, el decreto publicado ayer exceptuó esas modificaciones presupuestarias de la prohibición de "realizar operaciones de crédito público [tomar deuda] para financiar gastos operativos [como el pago de sueldos, no inversiones]", algo que está dispuesto en la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
La norma también contempla mayores ingresos para la administración pública. Una parte llegará a través de la ampliación de las utilidades del Banco Central ($ 28.900 millones) y otra por la mejora en la recaudación, de 32.679 millones de pesos, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto.
El fuerte incremento del presupuesto no terminó de sorprender a Marina Dal Poggetto, economista del estudio Bein, porque "el aumento del gasto hasta mayo había sido del 41,3% en promedio".
Según sus números, la proyección de gasto para este año era de $ 1.012.000 millones. La modificación de ayer ya la superó. Y podría haber otras antes de fin de año.
"El presupuesto no se ajusta con la realidad. Tiene subestimados ingresos y gastos, por lo que luego hay que hacer esta clase de ajustes", explicó Fausto Spotorno, director del estudio de Orlando Ferreres.
Hijo de la devaluación
El fuerte incremento del gasto está apalancado por la devaluación de enero. Varios programas del Gobierno delatan esa situación. Por ejemplo, el incremento de las partidas destinadas a pagar las importaciones de energía, que cotizan en dólares. Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, encargada de importar combustibles líquidos, recibirá otros $ 32.750 millones, suficiente para convertirse en la jurisdicción más beneficiada dentro del Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido. Mientras que Enarsa, la compañía estatal de energía que paga las facturas por las compras de gas desde Bolivia y de ultramar, recibirá otros 23.507 millones de pesos.
Otra muestra de los efectos de la devaluación: se ampliaron en $ 12.447 millones los fondos del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas, que le permite al Gobierno asegurarles a las petroleras un precio de US$ 7,50 por millón de BTU por la nueva producción de ese insumo.
Es la receta del ministro de Economía, Axel Kicillof, para reducir las importaciones que obligan a desprenderse de dólares. Pero en el trasfondo muestra una pelea por los fondos públicos: aunque esa clase de partidas iba antes a Planificación, ahora están en la órbita de Kicillof, que en términos porcentuales obtuvo la mayor ampliación presupuestaria, del 128 por ciento.
El Ministerio del Interior y Transporte, de Florencio Randazzo, también llenará su alcancía. Recibirá $ 11.059 millones, de los cuales $ 1141 millones se destinarán a Aerolíneas Argentinas para financiar gastos corrientes (como sueldos), más de $ 5000 millones para subsidios a colectivos y $ 1836 millones para trenes, entre los más importantes..
Del editor: qué significa.Con problemas para financiarse, agravados por el default, el Gobierno apuesta al gasto público para intentar contener eventuales daños.
