Así lo denunció el titular de la auditoría general de la Nación. Recakcó que no existen antecedentes de una petrolera que no haya recibido este tipo de control.
El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, advirtió hoy que el Gobierno no le permitió a esa institución auditar la petrolera YPF y consideró que hubiese sido "importante para saber cuáles eran los pasivos y las reservas" dejadas por Repsol. Así lo afirmó durante una exposición conjunta que brindó junto al senador del bloque FAP-UNEN Fernando "Pino" Solanas en la sede de la Asociación de Personal de los Organismos de Control (APOC), en la que se refirieron al acuerdo entre el Gobierno y Repsol por la expropiación de YPF, que trata este miércoles el Senado. Despouy se preguntó "por qué el Gobierno no le dio a la AGN la oportunidad de auditar" a YPF y recordó que cuando lo hicieron en Aerolíneas Argentinas, los datos arrojados por la auditoría sirvieron a la Casa Rosada en su pelea con la empresa Marsans ante los tribunales internacionales. "Hubiera sido importante que la AGN auditara para saber cuáles eran los pasivos ambientales, cuáles eran las reservas" petroleras que la empresa española Repsol dejó luego de que el Gobierno le expropiara el 51 por ciento de las acciones de YPF. Además, explicó que cuando YPF fue privatizada en la década del 90, la ley contenía un artículo que impedía las auditorías estatales de organismos como la AGN y agregó: "Llama la atención que cuando la empresa se reestatiza, conserva ese artículo donde se la sigue tratando como empresa privada". "No he encontrado antecedente de una petrolera estatal que no esté controlada", afirmó Despouy, quien puso como ejemplo a Petrobras, Petroecuador, Petrochina y Petroleos de Venezuela (PDVSA). A su turno, Solanas subrayó que "no se hizo la auditoría de reservas petroleras que hay en cada uno de los pozos" y responsablizó por ello al Tribunal de Tasaciones, al afirmar que en lugar de tasar la empresa en base a informes de una auditoría "hizo un dibujo adaptado al acuerdo". Además, cuestionó que "este convenio le otorga a Repsol inmunidad ante los juicios pendientes por daño ambiental" y señaló que "algunas consultoras que relevaron ese daño" establecieron que la petrolera española "debería pagar 5 mil millones de dólares" y que la reparación "tardaría 15 años".
