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La disputa con los ex operadores privados que tramita en el Ciadi abre la duda. El Estado argentino contrademandó a los españoles por unos u$s1.300 millones por el presunto vaciamiento de la línea aérea
Cledis Candelaresi* ccandelaresi@diariobae.com
Apesar de los desmanes cometidos por los últimos operadores privados de Aerolíneas Argentinas hoy nadie puede garantizar que éstos finalmente no terminen cobrando algún dinero por la expropiación de la compañía que el Estado concretó al valor simbólico de un dólar. Al menos un segmento de la troupe de abogados públicos no descarta que el pleito planteado en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) no se calusure con la obligación del Tesoro nacional de afrontar algún pago que, oficiosamente, algunos estiman cercanos a los 400 millones de dólares.
La Procuración del Tesoro de la Nación, encargada de la defensa, ensayó una osada maniobra defensiva: reclamarle a Marsans (Teinver, según la formación jurídica que actúa como demandante) una compensación al Estado argentino por los daños que le habría ocasionado el presunto vaciamiento de la compañía aérea.
Ese audaz reclamo ascendería a unos 1.300 millones de dólares, casi tanto como le exige la firma hispana al Tesoro de la Nación por la expropiación de Aerolíneas y Austral en el 2008. Poco antes de este recupero, una ley nacional le permitió a la actividad aerocomercial recobrar el estatus de servicio público y habilitó la eventual recompra de acciones que estaban en manos de los epañoles, liderados por Gonzalo Pascual, fallecido hace unos meses, y Gerardo Díaz Ferrán, preso en España, entre otros cargos, por desfalcos al fisco.
La línea de bandera estaba técnicamente quebrada, con su flota cuasi desmantelada, un stock de rutas menguado y un pasivo millonario que el Tesoro asumió como una carga propia. El Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó su patrimonio neto en poco más de 800 millones de dólares negativo, cifra que con un ajuste posterior superó los 940 millones con el mismo signo. Ésa fue la base para concretar de facto el rescate accionario sin realizar ningún pago.
El grupo turístico Marsans –parte de una maraña jurídica empresaria compleja que incluye otros nombres como Aircomet, Airplus o, más recientemente, Teinver– hizo lo que anunció y fue al Ciadi a reclamar una indemnización por dos razones diferentes. Una: porque Transporte le mantuvo congeladas las tarifas desde el 2002 al 2008, con el consiguiente perjuicio para el negocio. Otra: la quita de la propiedad de la compañía sin la correspondiente indemnización.
Camino arduo y caso testigo Días atrás, un nutrido grupo de funcionarios locales viajaron a Estados Unidos para cumplir con la segunda ronda de audiencias sobre el tema. Lo hicieron con el flamante respaldo del juez en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, quien reconoció el derecho estatal de alzarse con las acciones de la empresa.
Pero este trámite en los tribunales locales no invalida la disputa que se está librando en Washington.
Poco antes, el 4 de noviembre pasado, la Procuración había presentado una reconversión de demanda, exigiendo a los otrora operadores de Aerolíneas que asumieran su responsabilidad por el virtual desmantelamiento de la compañía.
Algunos especialistas del rubro, que siguen el tema con atención, opinan que esta exigencia podría no tener sustento por el hecho de que, aunque pauperizada, la línea aérea estaba en funcionamiento cuando el Estado asumió el control y que, por ese solo hecho, algún valor tiene.
El Credit Suisse lo estimó en más de 350 millones de dólares, cerca de un número que se barajó como un posible acuerdo de recompra previo a la reestatización.
Cobrar algo del estado local permitiría a los acreedores de la fundida firma hispana compensar aunque sea parte de sus acreencias.
La pregunta que deberían hacerse es si eso será factible y, en tal caso, cuándo.
El trámite de AA convoca la atención sobre cuestiones que prometen convertirlo en un verdadero caso testigo, ya que pone en cuestión aspectos centrales de otras demandas.
La defensa de los españoles objeta el artículo 14 de la Ley de Expropiaciones local, que habilita evaluar la compañía sólo mensurando su patrimonio, sin contemplar el flujo de fondos futuro, fórmula más común para tasar firmas aéreas. Sobre esa base metodológica y considerando no sólo el pasivo que era exigible inmediatamente (poco más de 300 millones) sino el que debería cancelarse en el tiempo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó un valor negativo.
El otro punto es la jurisdicción.
En función del tratado bilateral de inversión vigente con España, no hay dudas sobre la validez del dictamen de un tribunal internacional como el Ciadi. Y las leyes argentinas dan preeminencia a los acuerdos internacionales.
Otra vez, el incierto camino que definen las bibliotecas repartidas.
Pero quizá lo más significativo sea el osado intento argentino de contrademandar a los responsables del derrape de una empresa privatizada. Es un gesto que amaga no dejar impune a una gestión privada dañina que destruyó valor. El derrotero de esta historia es tan intrincado como los expedientes que habilitó.
Marsans fue heredera del propio estado español, responsable a través de Iberia y de la Sepi, de la debacle de Aerolíneas previa al 2001. Reprocharle a los últimos adjudicatarios las deficiencias de gestión es una acción infrecuente en la estrategia pública, que sólo recupera empresas deterioradas sin otra sanción por el perjuicio.
Como días atrás aseguró el ex Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, “cuidar el patrimonio público es una forma de preservar los derechos humanos de la sociedad a la que pertenece ese activo”.
*Prosecretaria de Redacción
