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12/05/2014 - La Voz del Interior

Córdoba - Nota - Cuerpo Principal - Pag. 8

Los riesgos de inflar el Estado

La abusiva creación de nuevos empleos públicos en la Nación, la Provincia y la Municipalidad es una pesada carga para los contribuyentes, que no ven que sus impuestos vuelvan en mejores servicios.

Como si se tratara de una gigantesca fundación benéfica, el Gobierno nacional acaba de otorgar nuevas becas graciables – 7.500, por ahora–, cuyos beneficiarios podrán disfrutar de por vida a costa de la Nación. O, mejor, del cotidiano esfuerzo de miles de argentinos que trabajan al solo efecto de ver cómo otros dilapidan sus impuestos.

El acuerdo alcanzado por la Unión de Personal Civil de la Nación ( UPCN) y la presidenta Cristina Fernández garantiza el ingreso a planta permanente de los aludidos 7.500 empleados transitorios, otorgándoles una suerte de beneficio de por vida. Desde ahora y hasta su jubilación, gozarán de una estabilidad que casi nada podrá alterar, dispensa esta que no alcanza a los contribuyentes abocados a la paciente tarea de cumplir con la voracidad de un fisco que gasta sin rendir cuentas.

Debe aportarse, sin embargo, que estos ingresos representan un porcentaje menor si se los considera a la luz del total registrado en los últimos seis años: fueron 82.055 las nuevas altas en planta permanente, sin contabilizar a empresas como Aerolíneas Argentinas y otras.

Es, la nuestra, una sociedad de réprobos y elegidos: se estima que en la “década ganada”, 376.145 trabajadores lograron colgarse del pasamanos del tren del Estado. Los trenes funcionan mal en la Argentina, ya se sabe, pero este puede ser abordado por cualquiera que conozca el itinerario y las paradas. O tenga cierta relación con maquinistas y guardas.

No se trata de denostar al Estado ni de abogar por su reducción, sino de señalar la manifiesta injusticia de que muchos trabajen para que los elegidos de turno disfruten sin complejos de todos los premios en una sociedad que, curiosamente, castiga sin cesar a sus hijos más laboriosos.

No se salva casi nadie en un conjunto social donde unos cuantos son iguales y muchos no tanto: en la provincia de Córdoba, desde 1999, la planta de personal público se incrementó un 49 por ciento y sólo una vidente podría aventurar cuántos ingresos más habrán de producirse en lo poco que resta del mandato del actual gobierno. Y no piense nadie que allí habrán de acabar nuestras desventuras, ya que la Nación registra a la fecha entre 30 mil y 40 mil contratos temporarios. ¿Cuántos de ellos serán los afortunados que en los próximos meses logren acceder a la beca otorgada por la más generosa de las fundaciones?

Sería de necios negar la necesidad de un Estado eficiente, capaz de ejecutar todas sus obligaciones en tiempo y forma, dotado de las más jerarquizadas capacidades en todas las áreas.

Lo que ya no resulta admisible es que cada administración, nacional, provincial o municipal concluya su mandato dejando arrumbados en oscuros despachos – o en la comodidad de sus domicilios– a ignotos empleados que prestan imprecisos servicios a un altísimo costo.

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