Como Mariano Recalde en Aerolíneas, también Miguel Galuccio se aprovecha del padrinazgo del Estado para sacar ventaja frente a los competidores de YPF. En 2012, Cristina Kirchner dictó un decreto que pasó casi inadvertido, por el que el sector público sólo puede comprar combustibles a esa empresa. Un monopolio que festejan Mason Capital o el Soros Fund, "buitres" buenos, como accionistas de YPF.
La condición estatal de la petrolera es, sin embargo, intermitente. Cuando a Galuccio le piden, como hicieron las juezas María Servini y María José Sarmiento, que muestre el contrato con Chevron para explotar Vaca Muerta, él lo oculta alegando que YPF es una sociedad anónima. También su propio sueldo y el de sus colaboradores son indescifrables. Sólo se sabe que cobran como cowboys texanos.
No son las únicas contradicciones: el hermano bolivariano Nicolás Maduro acaba de llamar a una campaña internacional contra el fracking, técnica sin la cual no habría Vaca Muerta. Quizás el chino Xi Jinping, que patrocina al kirchnerismo y al chavismo, pueda zanjar la diferencia..
