La comisión de derechos humanos pide garantías de que se esclarecerá el caso
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó pesar por la muerte del fiscal Alberto Nisman e hizo un firme llamado para que el Estado argentino "investigue y esclarezca" el caso y "garantice" que la pesquisa sea conducida con "diligencia" y de modo "exhaustivo e imparcial".
Como parte de la estructura de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero independiente de ella, la CIDH es el máximo organismo en materia de tutela de los derechos humanos en la región.
La presidenta Cristina Kirchner suele citarlo, pero más en relación con su papel durante el pasado gobierno militar en la Argentina que en los últimos años, en que se dedicó a analizar la calidad de los derechos democráticos en la región.
El organismo llamó también la atención sobre lo ocurrido con el periodista Damián Pachter, quien se refugió en Israel tras decir que se sentía amenazado. Fue él quien dio la primera alerta informativa sobre lo que le había ocurrido al fiscal.
Recordó, en ese sentido, que los funcionarios de gobierno tienen la "obligación de garantizar el libre ejercicio" de la prensa y, por tanto, "el deber de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de periodistas en situación especial de riesgo.
La CIDH apuntó a la Casa Rosada, a la agencia oficial Télam y a Aerolíneas Argentinas en el caso del periodista e instó al Gobierno a esclarecer las razones por las que se suministraron datos privados.
"Pachter abandonó el territorio argentino aduciendo que no se sentía seguro. Posteriormente, en la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, se difundió la información sobre los vuelos que había contratado en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y que informó la agencia oficial Télam. El Gobierno sostuvo que la divulgó para mayor seguridad del periodista, cuyo paradero se desconocía hasta ese momento", señaló la CIDH.
En la misma ocasión, exhortó a "adoptar medidas de protección efectivas destinadas a garantizar la vida e integridad del periodista Damián Pachter, a investigar los hechos denunciados y a garantizar el trabajo de la prensa en el contexto de la cobertura de este caso de tan alto interés público".
La firme expresión de la respetada entidad parece entrar en contradicción con los dichos de la Presidenta, que en su reciente discurso por cadena nacional sostuvo que "nadie puede dudar" de su gestión en materia de respeto integral de los derechos humanos. "Somos modelo", dijo.
La CIDH insistió en la obligación del Estado de "garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos, incluyendo los que corresponden a los operadores de la Justicia". Son expresiones de firmeza inusual.
En cuanto a la muerte del fiscal, pidió que el Gobierno "garantice" que la pesquisa sobre el fallecimiento se desarrolle "con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial", con diversas líneas de trabajo y que se incluya "la posibilidad de que su deceso esté vinculado con su labor como fiscal".
Igual reclamo se mantiene vivo en el Congreso de los Estados Unidos, donde ya empieza a hablarse de "asesinato" y no de muerte del fiscal. Ésa fue la figura que usó la legisladora republicana Ileana Ros Lehtinen, quien, en diálogo con LA NACION, clamó por una "fuerte presión" sobre las autoridades del país para el esclarecimiento de lo ocurrido. "Pasan los días y, desgraciadamente, aún no hay evidencia suficiente para determinar cómo ocurrió exactamente la muerte. Pero lo que sabemos apunta, hasta ahora, a que estamos ante un asesinato", sostuvo.
"Por eso mismo yo llamo a la administración del presidente Barack Obama y a los gobiernos responsables del mundo a que ejerzan presión" para que las autoridades argentinas "cooperen con una investigación neutral, independiente y transparente" de lo ocurrido. "Sólo de ese modo habrá justicia", subrayó. En términos similares se pronunció la organización Human Rights Watch, si bien su titular para América latina, José Miguel Vivanco, sostuvo que se está frente a una situación y un caso "muy delicados" y que por eso mismo resulta "muy irresponsable" que la Presidenta "emita opiniones sobre que fue un suicidio y, luego, que no lo fue"..
