En los últimos años, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se llevaron adelante las dos expropiaciones más resonantes: en 2009, la de Aerolíneas Argentinas, entonces propiedad del Grupo Marsans y, este año, la del 51% del paquete accionario de YPF en manos de Repsol. La administración Kirchner, sin embargo, tiene ya una larga lista de intervenciones en su haber que le consumen hoy al Estado una gran cantidad de fondos.
En ningún de los dos casos, el Estado pagó por hacerse de las acciones de las empresas expropiadas. Tanto Marsans como Repsol tienen iniciados juicios contra el Estado argentino en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, a la espera de alguna compensación. Al igual que la mayoría de las compañías que operaban alguna empresa de servicios públicos cuya concesión le fue revocada.
Con tarifas congeladas, Aerolíneas Argentinas estaba fuertemente endeudada al momento de su expropiación y requirió de grandes inyecciones de dinero, ya que el Estado se hizo cargo de las acciones de la empresa, con lo cual tomó tanto los activos como los pasivos de la compañía. Bajo la gestión de La Cámpora, el drenaje de fondos públicos se acentuó, ya que mantenerla a flote le cuesta al Estado $ 13,07 millones por día, de acuerdo con la última información disponible a mayo de 2012.
La intervención del Gobierno en YPF, en tanto, comenzó primero de forma indirecta, propiciando el ingreso a la compañía de la familia Eskenazi, que arrancó con un 14,1% de la empresa y luego se hizo de un 10% adicional. Pero el golpe de gracia llegó este año, con la confiscación de 51% de las acciones que la española Repsol tenía en la compañía. YPF tuvo ganancias del orden de los $ 5500 millones en 2011, pero su negocio futuro está atado a la posibilidad de explotar el yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta, para lo cual es indispensable que el Gobierno atraiga inversores extranjeros.
Entre 2004 y 2009, año en que expropió Aerolíneas, la administración Kirchner llevó adelante por lo menos cinco rescisiones de concesiones. Si bien no son expropiaciones propiamente dichas, en todos estos casos el Gobierno no volvió a licitar las concesiones, sino que quedó como único administrador o responsable. Esta fue la situación del Correo Argentino (hasta diciembre de 2004 gestionado por el grupo Macri; el año pasado tuvo un déficit de $ 45 millones) y Aguas Argentinas (hoy Aysa, reestatizada en marzo de 2006).
En el caso de las líneas de ferrocarriles Belgrano Sur, Roca y San Martín, cuyas concesiones se rescindieron entre 2005 y 2007, se decidió en contrapartida aplicar un modelo mixto de operaciones. El manejo de los trenes quedó bajo la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que a su vez está integrada por los otros concesionarios privados, aunque es el Estado el responsable de los empleados, de los pasivos y de toda la estructura de las compañías. Los concesionarios simplemente reciben subsidios para mantener el servicio funcionando. Este año, tras la tragedia de Once, se sumaron las rescisiones de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre, en manos de los Cirigliano.
"El crecimiento de subsidios fue exponencial con la premisa de que las tarifas no subían, y los indicadores de calidad del servicio se deterioraron marcadamente", describió Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL. "En el caso de Aerolíneas [al igual que en otras empresas reestatizadas] es difícil evaluar la calidad del servicio porque no hay información; lo que sí es claro es que es caro, por los subsidios que está demandando", admitió.
Otras firmas que se suman a la lista de empresas cuya concesión les fue revocada son Thales Spectrum y los talleres navales Tandanor.
