PEDRAZ ADMITE LA QUERELLA CONTRA EL EX JEFE DE CEOE Y LE CITA A DECLARAR.
Gerardo Díaz Ferrán ha desaparecido de la esfera pública. Desde que en octubre de 2010 abandonara la presidencia de los empresarios españoles, sus causas judiciales no han hecho más que crecer.
Embargado y arruinado, el empresario podría acabar entre rejas durante por lo menos seis años y quedar inhabilitado para dirigir empresas durante otros quince por sus dudosas maniobras en Marsans, Air Comet o Aerolíneas Argentinas. El juez Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía y cita a declarar al empresario para el día 22 de febrero.
Antiguo propietario de Spanair, Diaz Ferrán, el que fue durante tres años la cabeza visible de los empresarios, ha demostrado que su telaraña de compañías fue todo un fiasco. Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, acaba de admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra el ex jefe de los empresarios y sus socios Gonzalo Pascual e Iván Losada por apropiación indebida. Si este asunto prosperara podrían llegar a ser condenados a penas de hasta seis años de prisión por apropiarse de cuatro millones y medio de euros de 4.700 clientes de Marsans.
Desde marzo hasta julio de 2010, la empresa de viajes siguió cobrando a sus clientes las reservas o la totalidad del paquete vacacional a sabiendas de que no iban a pagar a los mayoristas. Las agencias de viajes de la compañía recibieron un total de 7.560 depósitos de clientes a quienes no se reembolsó las cantidades anticipadas tras la cancelación de la reserva.
Según la querella presentada por el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, los propietarios de la empresa crearon una única cuenta bancaria para que todos los ingresos de los clientes fueran remitidos a ésta de manera directa. Esa orden se recibió en el mes de abril de 2010, cuando ya conocían la situación económica de la empresa. Ninguna de las oficinas podía tener más de 300 euros en la caja para evitar, según el escrito, devolver el dinero a los clientes que acudieran a reclamar.
La cuantía de esa cuenta, de la que era titular Marsans Shopping, una sociedad sin actividad, llegó a ascender a 2.460.000. Ese dinero se repartió entre traspasos de fondos a otras sociedades y la emisión de cheques a empresas por realizar trabajos ficticios.
Uno de los receptores de esos cheques fue Inversiones del Noroeste, cuyo representante era Angel de Cabo, que después adquirió Marsans a través de su empresa Posibilitium Business. Hay que recordar que De Cabo también adquirió Nueva Rumasa, de José María Ruiz Mateos, y se encuentra por ello imputado en la Audiencia Nacional.
Según la querella del exabogado de Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos, contra los hijos varones del fundador de Rumasa, el expresidente de la CEOE fue quien presentó a De Cabo al patriarca de la familia y quien le convenció para que traspasara el grupo de alimentación, cuyas sociedades, como en el caso de Marsans, estaban ya en situación concursal, al empresario valenciano.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha imputado a Díaz Ferran y sus socios por un delito de apropiación indebida y les cita a declarar los días 21, 22 y 23 de febrero, tal y como solicitó el Ministerio Público.
Pero esta causa no es la única pesadilla del empresario, que llevó a la CEOE a los peores niveles de credibilidad de su historia. Dentro de unas semanas, la juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego Sánchez, debe decidir si declara culpable el concurso de Marsans y si inhabilita a Díaz Ferrán y Pascual para administrar empresas durante 15 años. Se trata del máximo que la ley concursal contempla y lo que han solicitado los administradores de Marsans.
Asimismo, la juez deberá resolver si les condena a asumir con su patrimonio dos tercios de la deuda del grupo. El déficit patrimonial de Marsans supera los 417 millones de euros. La solicitud de declaración de culpabilidad se basa en que Díaz Ferrán y Pascual superaron el límite temporal previsto para comunicar la situación de insolvencia del grupo.
Marsans es sólo la punta del iceberg. El empresario está también detrás de la quiebra de Air Comet en diciembre de 2009. Le supuso el embargo de parte de los bienes. Otro juzgado de lo Mercantil de Madrid, el 8, puso en tutela judicial el patrimonio de Inversiones Grudisan, sociedad de Díaz Ferrán y su socio, en donde también están los hijos de ambos -Gerardo Díaz Santamaría e Ignacio Pascual de Riva- así como José María Llodrá Serrano, para responder solidariamente a la suma de 37,6 millones que se podrían exigir por las "graves irregularidades" detectadas en la gestión de Air Comet.
En la Audiencia Nacional se sentará en el banquillo de los acusados por defraudar 99 millones de euros a la Hacienda Pública, correspondientes al impuesto de sociedades de la aerolínea Air Comet correspondiente al ejercicio 2001-2002, dentro de la investigación abierta por el 'caso Aerolíneas Argentinas”, que investiga las presuntas irregularidades en la compra y privatización de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet en 2001.
