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05/02/2012 La Nación - El manejo de las obras sociales complica a varios jefes gremiales; la mafia de los remedios y el desvío de fondos estatales

Un sistema que quedó en la mira judicial

Por Hernán Cappiello | LA NACION

Durante décadas el dinero de los afiliados de las obras sociales, administrado por el Estado, pagó tratamientos médicos, pero también abultó bolsillos de sindicalistas. Hoy, la Justicia investiga a varios jefes gremiales de peso por percibir de manera irregular esos fondos o porque nunca rindieron parte de ese dinero.
En los tribunales federales casi no hay juzgado que no tenga una causa abierta contra una obra social. Empezando por Hugo Moyano, que como secretario general del gremio de camioneros es investigado por Norberto Oyarbide, Claudio Bonadio y Ariel Lijo. Se le reprocha haber recibido indebidamente fondos de la Administración de Programas Especiales (APE). Se trata de un fondo formado con dinero que los afiliados destinan a pagar tratamientos costosos de baja incidencia y alto riesgo. Pero en algunas de esas causas se comprobó que los gremios presentaban al Estado comprobantes falsos para cobrar reintegros muy caros por medicamentos que nunca les dieron a sus afiliados. Sólo en la obra social de Moyano aparecieron unos 400 troqueles sospechosos.
Oyarbide tiene bajo la lupa a 80 obras sociales acusadas de realizar estas prácticas, en una causa que avanzó contra Juan José Zanola, de los bancarios, que estuvo dos años preso. En la lista de investigados están los gremios de prensa, de TV, del turf, del correo y de la actividad docente, entre otros. El juez Julián Ercolini investiga a la obra social de Agua y Energía de Mendoza, y Lijo a la del Ministerio de Economía.
La causa donde quedó al desnudo cómo funcionaba el sistema de pagos es la que instruye Oyarbide. Allí los gremios en un principio cobraban por adelantado por los tratamientos oncológicos o los remedios y luego rendían la plata. Pero con la llegada de Graciela Ocaña al Ministerio de Salud cambió el sistema y se cobraba contra presentación de los comprobantes. En la práctica se transformó en una caja negra de donde los sindicatos cobraron sumas millonarias indebidas y en un coto político donde los gremialistas buscaban poner hombres propios para administrar el dinero.
La suma total de fondos que administra la APE es de 1100 millones de pesos. Dos de los jefes de la APE, Juan Rinaldi (estuvo al frente del organismo entre enero de 2006 y noviembre de 2008) y su sucesor, Hugo Sola, se encuentran procesados por Oyarbide, junto con Néstor Vázquez, que fue gerente de la Superintendencia de Salud (creó el sistema de reintegros). El otro inspirador fue José Luis Lingeri, titular del sindicato de Obras Sanitarias.
En la investigación está procesado Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud, de quien dependía el control de las obras sociales. Capaccioli además fue recaudador de fondos de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en 2007. Muchos de esos fondos provinieron de laboratorios.
Solo en 2001 fueron transferidos fondos del APE a las obras sociales por 912.403.931 pesos. Ocaña denunció que las obras sociales sindicales no rindieron cerca de 690 millones de pesos que les fueron entregados entre 2005 y 2009 como adelanto para la realización, por ejemplo, de campañas de prevención.

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