Julián A. de Diego Profesor Derecho del Trabajo UCA
Hasta el 40% llegaron los aumentos salariales convencionales del 2011 con una inflación del 23%. No fue muy exitosa la gestión empresaria para resistir un nuevo embate sindical, que hasta hace solo seis meses tenía todo el apoyo del Gobierno Nacional. Ahora es imprescindible que la inflación descienda, si es posible a un dígito. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner -convencida de este objetivo central- creó nuevos controles que evidencian que es ella misma la que quiere supervisar la evolución salarial con información económica y de las empresas además de la existente en materia laboral. Resulta claro, para los que no lo advirtieron, y para los distraídos que se han roto las alianzas sindicales tradicionales, y se busca una nueva integrando los independientes, los gordos, y hasta los disidentes del moyanismo. En consecuencia, ni el 15% de los deseos empresarios ni el 25% de las aspiraciones sindicales serán consideradas en esta oportunidad, por lo cual debemos descartar que se busque una solución salomónica en torno del 20%. Es más, ya se dejó de lado un supuesto techo o tope fijo del 18% para todas las actividades, y se pasa a un tope selectivo, según la factibilidad que presente cada sector, industria, servicio o inclusive empresa. También se encendieron las luces de alerta al verificar que ya se produjeron algunas picardías, por ejemplo, imputando un aumento al año 2011, con el fin de eludir el cepo del 2012, o tablas que no informan el porcentaje de aumento y al hacer los cálculos superan el 25%, y en algún caso como aceiteros llega por vía de los adicionales al 30%. Una fórmula inobjetable para evaluar el proceso de crecimiento del salario real se puede realizar comparando el porcentaje de aumento del convenio en la “Era K” y compararlo con la inflación. Allí se podrá advertir que por ejemplo el petróleo, la industria metalmecánica, con sindicatos aliados con el Gobierno Nacional obtuvieron incrementos de más del 100% por encima de la inflación. Al respecto, la información que solicitó la Presidenta sobre los distintos sectores de la actividad económica no solo fueron insatisfactorios por ser demasiado generales, sino porque no son eficientes para tomar decisiones. Hay sin duda una toma de posición en esta oportunidad, que deja al Ministerio de Trabajo en un plano novedoso de gestión formal, omitió la intervención del Ministerio de Planificación al que solo le pidió datos sobre energía, y le dio atribuciones especiales al viceministro de Economía con Axel Kicillof y a la Ministra de Industria en la persona de Débora Giorgi, en una comisión ad hoc a la que le atribuyó una intervención efectiva en las discusiones entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Distintas versiones indican que la Presidenta recibió el alerta de que de un modo u otro algunos sectores habrían minimizado o camuflado sus acuerdos, ocultando los aumentos reales, en desmedro de una política de Estado como es el de la lucha contra la inflación junto con una proceso de sinceramiento de la economía real. Si hay alguien que cree que nada cambiará no se ha percatado de que la misma Presidenta Fernández de Kirchner estará atenta al proceso y a los resultados de esta negociación. Minimizar los anuncios parece por sí ingenuo, ya que los que van a estar en el banquillo también serán los protagonistas. El requerimiento presidencial del ranking de los mejores salarios registrados en el ANSeS es una prueba de ello. A su vez, sabía de las pretensiones sindicales, y de algunos acuerdos que había saltado la valla del tope inicial de 18 o del 20% como tope.
Para quienes creen que nada cambiará -en una suerte de gatopardismo-, o que se siguen los mismos procedimientos que hasta ahora, se han perdido la esencia del plan que tiene una doble intención: interferir en las actividades con importante rentabilidad, apreciar el marco de desarrollo de lo que ocurre en cada sector de la economía, y arbitrar con ello otros condicionamientos en la economía, combinándolos con la política fiscal, con la redistribución de algunos subsidios más la supresión de otros, y las necesidades financieras de las provincias que no resisten el embate sindical por encima de lo estimado en el Presupuesto Nacional.
Además de lo dicho que forma parte del forcejeo político y de las cúpulas y de las internas, el discurso presidencial del pasado jueves 2 ante los representantes del espectro económico, el discurso, en mi opinión generó nuevos paradigmas que habrá que tener en cuenta en el futuro.
En primer lugar la Presidenta puntualizó que no se seguirá la evolución de “la góndola del supermercado”, en clara alusión a las declaraciones con tono desafiante de Hugo Moyano, no compartida por los dirigentes sindicales más allegados. Se rompe así casi con el único parámetro utilizado como vector de las negociaciones hasta diciembre del 2011. A su vez se introdujeron expresiones referidas a productividad, a rentabilidad, y a inversiones, apropiándose de los argumentos clásicos del sector empresario, para establecer que la línea de flotación de los nuevos salarios no tiene un techo general, sino que será resuelto en cada sector con evaluaciones objetivas y con las mediciones pertinentes de cada actividad, o lo que es lo mismo, de cada cámara empresaria. No habrá pues un techo único, sino diversos topes conforme a las condiciones económicas, financieras, de productividad y de rentabilidad de cada sector, y su posibilidad de no trasladar el impacto a los precios, en especial cuando se traten de productos de la canasta básica, o de consumo masivo dentro de la clase media.
Nadie hizo referencia al tema, pero no hay dudas que está latente y supuesto que los aumentos salariales tendrán vedada su traslación a precios o restringida bajo criterios que aún no se conocen, no solo en las empresas o sectores bajo el control de precios de Moreno, para lo cual se ha agregado al análisis el cuadro que presentan los resultados reales de la industria y de los servicios. Al efecto, serán monitoreadas las compañías líderes de cada sector, y curiosamente, los salarios de sus máximos ejecutivos.
Con distintos techos, resulta claro que las empresas con mano de obra intensiva tendrán seguramente aumentos menores, mientras que aquellas que operen con capital intensivo y los costos laborales sean de muy baja contribución, los ajustes podrán tener mejores probabilidades.
