Algo extraño sucede en una nación donde un Gobierno dice y hace sin siquiera ser molestado. Eso podría estar denunciando varias cosas: la existencia de un poder ultraconcentrado, la volatilidad de la Justicia y el Congreso, el desgajamiento de los partidos, en especial de la oposición. Quizás también la conducta de una sociedad atraída -hasta ahora- sólo por las luces de la economía y el consumo y desatenta sobre aquellas opacidades políticas.
Cristina Fernández no tiene quien se anime a refutarla. Aunque sus palabras, demasiadas veces, aparezcan sembradas de contradicciones e inexactitudes.
El miércoles se manifestó orgullosa de Aerolíneas Argentinas por el récord de eficiencia que, según dijo, tuvo la empresa en los últimos tres meses. El 24 de noviembre había improvisado un acto en Aeroparque para quejarse de los gremios aeronáuticos y el funcionamiento de la línea aérea. "Son boicots encubiertos.
Son vuelos que no salen, vuelos que se cancelan, vuelos que se caen (sic)", dijo con tono enérgico en esa oportunidad.
No pasaron desde entonces tres meses pero su visión sufrió una vuelta de campana. ¿Sucedió algo milagroso? Nada. Simplemente que el titular de la empresa, Mariano Recalde, informó que Aerolíneas superó en el último trimestre los stándares internacionales con un 99% de cumplimiento en sus vuelos. Difícil compaginar esa cifra con la denuncia realizada por Cristina en noviembre.
Hay otros datos que, en cambio, no fueron considerados. Por ejemplo, que en 2011 Aerolíneas transportó un 6% menos de pasajeros que en 2010, pese a la política oficial de retraerle a líneas no nacionales las rutas internas. Santa Fe perderá su vía directa de salida al exterior porque el vuelo de LAN que unía Rosario con Lima cesará desde marzo por orden del ministerio de Planificación. Tampoco el kirchnerismo habla del dinero utilizado en Aerolíneas. Fueron US$ 757 millones durante el 2011, de los cuales US$ 94 millones se utilizaron en la adquisición de nuevas naves. El resto lo consumió la operatividad de la empresa, a razón de US$ 2 millones diarios.
El énfasis de Cristina pudo encerrar además alguna razón política. Recalde y buena parte del directorio de la empresa pertenecen a La Cámpora. Es, tal vez, el núcleo de poder y dinero más importante que maneja esa organización. La Cámpora intenta sustituir al peronismo en el Estado y en el diseño político que imagina la Presidenta. Aquella motivación encubriría otras cosas: el ex diputado K Gustavo Marconato, que presidió en su tiempo la comisión de Presupuesto y Hacienda, actúa como asesor de oficio en la empresa para intentar darle orden a números descontrolados.
Cristina tampoco se privó de un nuevo cruce con el campo. De acuerdo a su opinión, por las lluvias de las últimas semanas, el impacto económico de la sequía sería mínimo. De su boca filosa salió como siempre una frase desafiante.
Llamó a los productores a contratar seguros para "no tener que rogarle a Dios por la lluvia ni pedirle plata al Estado". La voz de los dirigentes agrarios suena a esta altura afónica, igual que la de los dirigentes de la oposición.
Es difícil saber, como en la mayoría de los temas, cuanto conoce a conciencia Cristina y cuanto repite el libreto que le arriman funcionarios. La realidad estaría indicando que después de la sequía del 2008-09 los seguros para ese flagelo casi desaparecieron. Se mantienen sólo en algunas zonas de la pampa húmeda para cultivos extensivos.
Y poseen un costo que podrían sobrellevar únicamente los grandes productores.
El viraje mas sorprendente de Cristina, sin embargo, atañe a la política ambiental.
La Presidenta viene haciendo causa común con la megaminería y ordenó articular una liga de seis gobernadores de provincias mineras para defender ese proyecto. El cambio tiene que ver con dos planos: la percepción del problema y la acción.
Durante tres años y medio Néstor y Cristina Kirchner asumieron como propia la causa de los asambleístas de Gualeguaychú por la instalación de la pastera Botnia, que derivó en el corte de un puente internacional que vincula a la Argentina con Uruguay.
Ese bloqueo jamás fue cuestionado ni reprimido por el matrimonio. Después del fallo adverso de la Corte de La Haya se disolvió a instancias del propio Gobierno. Desde entonces, no hubo una sola denuncia seria sobre supuesta contaminación de las aguas del río Uruguay.
Las protestas de las organizaciones sociales que resisten la megaminería no fueron sólo aisladas por el Gobierno. En el caso de Catamarca, sobre todo, se recurrió a una feroz represión. Algo más: el kirchnerismo conformó grupos de choque para disuadir a los manifestantes.
El Gobierno, frente a temas conflictivos, siempre atina a recurrir a la mordaza. Impide que se abra un debate, una discusión.
Cuando emergió la resolución 125 que detonó el pleito con el campo, dividió las aguas entre amigos y enemigos. En la desmesura, el ex presidente llegó a vincular a esos supuestos enemigos con los comandos civiles de 1955. En la pelea por Botnia se inyectó entre los asambleístas y habitante de Gualeguaychú la idea de un futuro cataclismo sanitario y ambiental. Con la minería, el medio ambiente fue dejado de lado y los manifestantes que resisten son considerados ahora personas que atentan contra las fuentes de trabajo y el progreso en sus provincias. Como le había ocurrido a Kirchner, Cristina también tuvo su papelón: halagó por su condición de simple trabajador a un minero que defendió la actividad de las empresas. Se descubrió que el minero era dirigente del PJ en Olavarría, secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y que había actuado como interventor del gremio en San Juan, cuando la minera canadiense Barrick Gold enfrentaba conflictos laborales.
Cristina tampoco termina de comprender que las conductas extremas suelen producir réplicas de similar condición. ¿Por qué razón, si el país asistió durante tres años a un ambientalismo a ultranza del Gobierno por Botnia, ahora debería resignarlo ante la supuesta amenaza minera? La única explicación está en la economía: la Presidenta necesita en este tiempo de ajuste engrosar con exportaciones las arcas del Estado. La minería representa unos US$ 4.000 millones por año.
Esas urgencias y la arbitrariedad del poder para variar sus posturas atentan contra la chance de hallarle una salida adecuada y racional a un problema que la debe tener. ¿Es posible que las multinacionales gocen, como denuncian los ambientalistas, de exenciones impositivas casi totales mientras las empresas afirman que pagan cifras millonarias? ¿Es posible que en la mina Bajo La Alumbrera se utilicen 66 mil litros de agua por minuto, un volumen alarmante? ¿Pero que, por otra parte, el uso del agua industrial en el país represente un 7% del total y que a la minería le corresponda sólo un 1%? En algún lado debe estar el equilibrio, aunque ese equilibrio es imposible de alcanzar si el Gobierno se empeña en cerrar las puertas. ¿No constituye la minería, acaso, la principal fuente de ingresos en Chile? Chile tiene con frecuencia emergencias ambientales pero, que se sepa, excepcionalmente son causadas por la actividad minera.
El Gobierno se sume también en el silencio cuando algo le incomoda. Amado Boudou toca su guitarra y hace campaña contra Clarín, pero omite la denuncia que lo liga con un testaferro de una empresa contratista del Estado. Que, entre varias tareas, habría sido autorizada a imprimir millones de billetes. La oposición reaccionó, pero con demora. El fiscal Carlos Rívolo comenzó a estudiar esas irregularidades. Por varias sospechas, Dilma Rousseff cesanteó en Brasil a ocho ministros en poco mas de un año de mandato.
La tarea dilecta de Nilda Garré es embestir contra Daniel Scioli y Mauricio Macri.
Comenta también los desvíos, a su juicio irresponsables, de medios de comunicación. Pero calla frente a un homicidio o un hecho delictivo. No se le escuchó decir nada sobre el fotógrafo francés asesinado de día en Plaza San Martín. Es la ministro de Seguridad. Seis países, entre ellos EE.UU, España y Brasil, aconsejaron a sus turistas que no anden por la zona de Retiro.
Garré desechó, vía Twitter, la pretensión opositora para que concurra al Congreso a explicar las tareas de inteligencia, vinculadas a la protesta social, que estaría realizando la Gendarmería. El Proyecto X -así se llama- nunca fue conocido, al menos hasta finales del 2011, por los legisladores de la comisión encargada de fiscalizar las tareas de inteligencia.
Garré aceptó que si se prueba la existencia de tal actividad habría sanciones. Es decir, no sabe con fehaciencia lo que sucede en Gendarmería. O lo sabe y oculta.
En cualquier caso, quedaría al desnudo su malogro: los gendarmes fueron elegidos por ella para reemplazar, sobre todo, a la policía bonaerense en el combate del delito. Ese delito continúa firme y las fronteras argentinas se han convertido en un paseo para contrabandistas y narcos.
Garré refutó a la oposición que la acecha diciendo que nadie en la Argentina como el kirchnerismo combatió la impunidad.
Apeló incluso al dictador Jorge Videla, que en un reportaje confesó: "Los Kirchner fueron lo peor para los militares". El Gobierno acostumbra a traficar con los monstruos del pasado para disimular el presente.
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