Guillermo Moreno
En diez días el Gobierno podría obligar a las petroleras a rebajar el precio del combustible para aviación (JP1) para los vuelos locales. El mecanismo sería el mismo que el aplicado con el gasoil para el transporte: una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para dictar una medida cautelar que ordene bajar el valor del JP1 y una resolución de la Secretaría de Comercio Interior poniendo en práctica el dictamen del organismo.
La CNCD necesita por lo general varios meses para fundamentar un dictamen a partir de una denuncia sobre abuso de posición dominante. Con ese dictamen, la dependencia de que depende -Comercio Interior- puede aplicar sanciones, y éstas pueden ser apeladas en la Justicia en un trámite que suele durar más de dos o tres años hasta que se defina la Corte Suprema.
Las medidas cautelares en cambio pueden ser recurridas primero ante la propia CNDC y luego ante el Tribunal Fiscal de la Nación, pero recién después se pueden apelar en la Justicia. De este modo, las medidas cautelares recomendadas por la CNDC terminan siendo de aplicación inmediata.
Hoy se anunciará oficialmente que Aerolíneas Argentinas denunció a las petroleras por presunto abuso de posición dominante ante la CNDC.
A partir de ahí, la Comisión debería citar a los representantes de las empresas que participan de ese mercado: YPF, Shell y Esso, y en pocos días, podría fundamentar una nueva medida cautelar. Con el valor del gasoil para el transporte transcurrieron 10 días entre que se anunció la denuncia y se dictó la medida.
Planteo
El tema se venía previendo desde que la presidente Cristina de Kirchner lo planteó en un discurso de fines de enero.
Según el Gobierno, los gastos de Aerolíneas y el déficit de la empresa que debe asumir el Estado, son consecuencia de lo que cuesta el combustible porque éste no se relaciona con los costos locales sino con los precios internacionales. Finalmente, se conoció ayer que Aerolíneas Argentinas presentó la denuncia ante la CNDC la semana pasada.
Según el Instituto del Petróleo y Gas (IAPG), en setiembre pasado, YPF vendió el 58 por ciento del JP1 producido en el país, seguida por Shell y Esso con participaciones casi parejas, en alrededor del 21 por ciento cada una.
Destino
Según transcendió, el 40 por ciento del JP1 que vende YPF se destina a vuelos de cabotaje, y Aerolíneas tendría un descuento de 10 centavos de dólar sobre un precio de 79 centavos el litro, por comprar gran volumen.
Considerando ese precio, el negocio sobre el cual el Gobierno está a punto de intervenir representa más de 1200 millones de dólares anuales en facturación, porque según el IAPG se vende un promedio de 130.000 metros cúbicos mensuales. El precio al que se vende el producto a Aerolíneas y a las otras empresas aéreas se fija en el mercado internacional esencialmente según el valor del WTI (petróleo liviano) en el mercado de Nueva York.
A excepción de un breve período durante el Gobierno de Eduardo Duhalde, el JP1 se comercializa en el país a la cotización internacional, ubicándose la mayoría de la demanda en el aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba. La denuncia de Aerolíneas se enmarca en la necesidad de contener el gasto público y el conflicto política que sigue creciendo entre el Gobierno e YPF.
