El gremio de los camioneros de Hugo Moyano ya no contará con un beneficio del Estado que le reportaba más de 100 millones de pesos anuales.
A menos de una semana de la protesta sindical activada por el jefe de la CGT en la Plaza de Mayo, el Gobierno quitó ayer a la obra social de los camioneros el monopolio de los exámenes psicofísicos necesarios para obtener la licencia nacional habilitante para conducir vehículos de carga.
La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial y de esta manera despojan a Moyano de una caja que le tributaba desde 2003, tras un acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner.
A partir de ahora, el costo de los exámenes estará a cargo de los empresarios.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a través de la resolución 2499/03, había otorgado a la obra social de los camioneros la realización de los exámenes psicofísicos para la obtención de esos registros.
También otorgaba las licencias la Obra Social de Conductores y Personal de Transporte Automotor de Cargas, del Sindicato Unico de Fleteros de la República Argentina (Sufra). Pero en 2007, cuando se estrechó al máximo la alianza política entre Kirchner y Moyano, la obra social de los camioneros se quedó con el monopolio del servicio.
Desde 2003 hasta la actualidad, el gremio brindó el servicio a través de la firma Iarai SA, que es presidida por Valeria Alejandra Salerno, hija de Liliana Esther Zulet, la actual esposa de Moyano.
Con la resolución 32/2012, firmada ayer por al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el Gobierno dejó "sin efecto el Régimen de Compensación de Aranceles (RCA) de la Evaluación Psicofísica de Conductores Profesionales de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales y Peligrosas".
Anuló, además, "la Formación Profesional de los Conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales de Jurisdicción Nacional", que también estaba a cargo del sindicato de camioneros. La disposición estableció que, sin intermediación del gremio encabezado por Moyano, ambos servicios "deberán ser abonados por el (empresario) transportista", con la imposibilidad de "trasladar el costo al conductor" del vehículo de carga.
La resolución argumentó que la medida fue tomada "en el marco de las políticas adoptadas por el Estado tendientes a redefinir la conveniencia actual de los beneficios otorgados a diversos sectores de la economía".
Agregó que el ingreso obtenido por el otorgamiento de las licencias "resulta conveniente redireccionarlo a otras acciones con miras a favorecer aspectos vinculados con la transformación del sistema de transporte de cargas por automotor de jurisdicción nacional".
Otra quita.
En mayo, la Presidenta ya había anulado otro beneficio al gremio de Moyano. Por decreto, Cristina Kirchner dio de baja un régimen de subsidios creado en 2003, por el que a los empresarios que tenían a sus trabajadores bajo el convenio de camioneros se los compensaba con una devolución de lo pagado en concepto de contribuciones patronales a la seguridad social.
La eliminación del llamado Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas (Refop) fue dispuesta por el decreto 494, publicado el 11 de abril pasado en el Boletín Oficial.
La quita de estos subsidios por parte del Estado forma parte del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el líder camionero, critalizado a fines de 2011. Además, se produce cuando faltan apenas diez días para que la CGT renueve sus autoridades en unas elecciones que están bajo sospecha y que serán objetadas por el Ministerio de Trabajo.
La alianza entre Moyano y el Gobierno está próxima a despedazarse por completo. Ya no quedan casi hombres del sindicalista en la función pública y durante este año ya le recortaron los beneficios económicos con los que Kirchner lo favoreció desde su llegada al poder.
