El gobierno no consiguió firmar un acuerdo salarial y la protesta entrará en su cuarto día.
Por Mariela Arias | LA NACION
RIO GALLEGOS.- A última hora de anoche fracasó la reunión en la cual los policías en huelga y el gobierno provincial intentaban sellar un acuerdo que pusiera punto final al conflicto que se extendió a todas la provincia y que pone en jaque la seguridad santacruceña.
Los agentes y subalternos piden un aumento del 45% de salarios en dos cuotas a pagar en agosto y septiembre. El gobierno ofrece un 34% de aumento a cancelar en dos cuotas durante 2012. Los agentes consideraron insuficiente la propuesta. Anoche le llevaron al jefe de policía, Jorge Hassan, la propuesta; él la entregará hoy en mano a la autoridades provinciales.
Una fuerte interna policial y la dificultad de definir delegados en todas las localidades trababan aun más la solución de la inédita medida de fuerza. Los agentes y suboficiales se mantuvieron en el interior de las comisarías esperando el resultado de las reuniones que los representantes de la fuerza elegidos espontáneamente mantenían en la gobernación con el ministro de Economía, Ariel Ivovich, la ministra de Gobierno, Paola Knoop, y el secretario de seguridad y ex jefe de policía, Alejandro Martín.
Durante toda la jornada en las comisarías y sedes donde los policías rebeldes llevan la medida de fuerza, si armas ni uniformes, se debatió la segunda propuesta del gobierno: un 34% de aumento salarial a cancelar en dos cuotas durante 2012.
Durante la tarde, a través de un comunicado de agentes y suboficiales enviado a los medios, los policías dieron a conocer su postura: "Los delegados de cada dependencia de nuestra prestigiosa institución negaron rotundamente dicha propuesta, solicitando un aumento salarial correspondiente al 45% para hacerse efectivo con el salario del mes de agosto en uno o dos pagos como máximo".
En el comunicado, los subalternos y agentes también pidieron que se dejaran sin efecto las sanciones impuestas al personal contra el que se tomó represalias, asimismo, que no se tomara medidas disciplinarias con el personal que se encuentra autoconvocado, es decir toda la policía, tanto en la zona norte como en el centro y el sur.
"Un efectivo policial que compra su uniforme gasta un promedio de $ 3500, lo cual sumado a la situación económica resulta dificultoso comprarlo en efectivo y al financiarlo llega a un valor de $ 4900", destacó el comunicado.
Los uniformados que se acuartelaron aclararon que un agente de policía recién ingresado cobra un haber mensual de $ 5300, con lo cual tiene que solventar alquileres que oscilan en los $ 2500, a lo que debe sumar la canasta familiar.
Desde el gobierno, el signo de la crisis fue no realizar declaraciones oficiales hasta tanto se solucione el conflicto. El haberlo minimizado dejó en la gobernación un déjà vu al 2007, el año en que al gobernador Carlos Sancho le costó varios días, y hasta el cargo, asumir la gravedad del reclamo social docente.
Pero no sólo en la gobernación liderada por Daniel Peralta recordaban 2007. Los agentes autoconvocados en varias seccionales también: "A nosotros nos mandaban a enfrentar a los maestros, nosotros recibíamos los insultos, ellos nos decían que también luchaban por nosotros", afirmó ante LA NACION una mujer agente de policía, vestida de civil en una de las comisarías.
