En su estocada final a Moyano y los gremios, el Gobierno implementará el plan ideado por Néstor Kirchner. Se trata del fondo al que van los aportes de los trabajadores y sus familias. La comisaria política de Cristina.
16-10-10. Día de la Lealtad en Ríver, Néstor Kirchner junto a la Presidenta y su aliado Hugo Moyano. El ex presidente ideó el plan que hoy ejecutará Cristina.
MMientras fomenta el sismo en la CGT, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner busca controlar a rajatabla los aportes de los trabajadores, y ahogar financieramente a la columna vertebral del sindicalismo: la caja que sostiene el sistema de obras sociales. También apunta a las prepagas.
Así lo confirmaron a PERFIL altas fuentes oficiales. Los últimos cambios en la Superintendencia de Servicios de Salud se deben a la intención del Gobierno de “pisar” los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a través de una “comisaria política”, Liliana Korenfeld, y preparar el terreno para la posible ejecución de un plan de reestructuración del sistema, que ya genera internas en el Ejecutivo. El proyecto fue encargado por el entonces presidente Néstor Kirchner al actual titular del PAMI, Luciano Di Césare, pero lo mandó al freezer para no provocar una ruptura con la CGT y Hugo Moyano.
Este diario ya había adelantado en marzo de 2011 que el Gobierno quería una reestructuración del organismo encargado de administrar los fondos de las obras sociales, pero dilataba la decisión.
Mientras ejecuta el “ahogo financiero de las obras sociales” –como lo definen en la propia Superintendencia–, la Presidenta tiene guardado en un cajón aquel proyecto de un Plan Nacional de Salud para hacerse de 1.600 millones de pesos anuales, emulando la estatización de las AFJP. Además, el sistema cuenta con una segunda caja de 13 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución.
“Algunas obras sociales van a desaparecer, el resto a reducirse”, contaron en la “Super”. “Si el proyecto finalmente se ejecuta, el sistema de obras sociales y prepagas va a pasar a funcionar como si fuera un gran PAMI”, cuentan en el Gobierno. Algunos funcionarios del área temen lo peor: que el sistema colapse por falta de fondos y repercuta en la salud de las personas.
Plan A. La primera etapa en la embestida por la caja sindical está centrada en “ahogar financieramente” a las obras sociales a través de la gestión de Korenfeld. “Sentarse sobre la caja y no largar un mango” será la política de la nueva conducción de la Superintendencia de Salud, contó un funcionario del área a este diario.
En marzo, Korenfeld entró en la “Super”. El miércoles fue nombrada a cargo del organismo luego de que su antecesor, Ricardo Bellagio, renunciara a su puesto. En la CGT interpretaron que su alejamiento se debía a que había contado con el aval de Moyano, pero en el organismo informaron a PERFIL que se debió a “la inminente llegada de este proyecto” y a “la politización del manejo de los fondos”.
Korenfeld ordenó quitar de la web del APE los reintegros y subsidios que el organismo entregó a cada sindicato durante 2012. Los sindicalistas no la tratan y sólo la conocen porque desde su llegada no cobran un peso, admitió uno de los “gordos”. “No recibían expedientes hasta hace una semana. Si no presentamos expedientes, no cobramos”, confió Luis Barrionuevo.
Plan B. Hasta el momento, Korenfeld puede controlar y “pisar” la caja, pero legalmente los fondos siguen perteneciendo a las obras sociales y prepagas. La funcionaria los administra, pero hay un proyecto para ir mucho más a fondo.
Fue una idea de Néstor Kirchner, contaron a PERFIL en el entorno de Di Césare, autor del proyecto. “Cristina lo mandó a recuperar cuando asumió en 2007. Pero no era el momento. Hay que tener mucha espalda para llevarlo adelante”, analizan cerca del titular del PAMI.
En diciembre, Cristina pidió actualizar el proyecto. Se esperaba que sea aplicado en el verano, pero puso otra pausa en la reforma.
En el Gobierno aseguran que resurgió la posibilidad de reflotarlo después de la elección de la CGT.
El proyecto apunta a reducir a las obras sociales a su mínima expresión. Cerca de Di Césare detallaron que “recibirían un porcentaje mínimo de los aportes de los trabajadores para subsistir. Del resto de los gastos de los afiliados se encarga el Gobierno, al igual que de las prestaciones y medicamentos de alta complejidad, como oncológicos, SIDA, hemofílicos y discapacidad”, agregó la fuente.
Manzur en la cuerda floja
El manejo político de los fondos y el proyecto de reforma del sistema de salud generan internas en el Gobierno, entre quienes lo promueven y quienes creen que implica la desaparición de las obras sociales y el posible colapso del sistema de salud.
Entre los detractores de este plan está el ministro de Salud, Juan Manzur, quien trabaja en la modificación del proyecto original para presentar una contraoferta a la Presidenta. Sin embargo, suena como la próxima renuncia del área.
Los dos kirchneristas clave en este proyecto, Korenfeld y Di Césare, son amigos, y trabajaron administrando la obra social de Santa Cruz.
“La obra social provincial fue una gran caja: tuvo un superávit de 102 millones de dólares que Kirchner sacó con el resto de los fondos de Santa Cruz a la famosa cuenta en Suiza”, contó un allegado a Di Césare.
Uno de los “gordos” dijo: “Estamos al tanto del plan. El Gobierno se está quedando con entre 14 mil millones y 15 mil millones de pesos de las obras sociales, pero los quilombos los tenemos nosotros. Si se están quedando con la guita, que se lleven también los quilombos”.
El principal opositor a este proyecto es Hugo Moyano, quien a diferencia de otros colegas, cree que Cristina quiere quedarse con la caja, la misma caja que él controló durante sus años de romance con el kirchnerismo.
