La empresa ya dejó de volar. El gobierno de Mujica intenta evitar un importante costo político.
Hasta hace dos semanas, la aerolínea era manejada por un grupo empresario argentino. Con el dolor de firmar el certificado de defunción de una empresa emblemática del país, con la preocupación por el alto costo económico que todavía no se puede calcular y con el inquietante costo político que genera para el oficialismo de izquierda, el gobierno uruguayo se apresta a proponer al Parlamento la liquidación de la aerolínea Pluna.
El presidente José "Pepe" Mujica dispuso el jueves la suspensión de vuelos de la compañía, que hacía dos semanas había quedado en manos del Estado, tras la ruptura con el consorcio privado Leadgate, liderado por el argentino Matías Campiani, que la operaba desde 2005.
El fuerte peso del endeudamiento, el enredo de juicios cruzados que amenazan con mayores gastos para el Estado y la imposibilidad de conseguir un nuevo socio privado a corto plazo derivaron en la difícil decisión del gobierno. Cerrar Pluna definitivamente, ordenar los reclamos y juicios para que el costo sea el menor posible e intentar que surja una nueva aerolínea que mantenga el tránsito de pasajeros regionales hacia y desde Uruguay son los ejes del plan por seguir, según dijeron a LA NACION fuentes oficiales.
El gobierno trata de dar respuesta a los miles de pasajeros que tienen boletos de Pluna para vuelos que fueron cancelados. Otros que esperan respuesta son los 900 empleados de la aerolínea, que en su mayoría pasaron a cobrar el seguro de desempleo.
Paquete de medidas
El paquete de medidas que analizará el Consejo de Ministros de hoy incluye tres decisiones: en primer lugar, modificar la ley de concursos para acelerar la liquidación de Pluna SA (que fue creada para la privatización); en segundo lugar, el cierre del ente autónomo Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna, nacido en 1951), que es dueño del paquete accionario, y en tercer término, una licitación internacional para interesados en los aviones.
Todo los fondos recaudados -se calculan unos US$ 150 millones- se destinarán a cubrir las deudas con proveedores y el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.
La liquidación de Pluna representa una muy difícil decisión para Mujica, debido a que la asociación con el grupo Leadgate había sido adoptada por el primer gobierno del Frente Amplio, liderado por Tabaré Vázquez.
El gobierno pidió respaldo a los dirigentes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, con el argumento de que Pluna -y en definitiva, el Estado- se exponían a juicios desde Brasil por un monto del orden de US$ 3000 millones.
En la oposición comienzan a cobrarle cuentas a la izquierda, que en otras épocas fue el fiscal político de las privatizaciones hechas por partidos tradicionales. El diputado nacionalista Pablo Abdala ironizó sobre el caso: "El Frente Amplio debió haber aclarado, antes de las elecciones, cuál era su peculiar manera de defender el patrimonio nacional y las empresas públicas".
