Ese y otros gremios reclaman que se paguen los reintegros adeudados
Un día después de la decisión del Gobierno de disolver la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo clave que administraba fondos de las obras sociales sindicales, Hugo Moyano prevé redoblar su apuesta en la Justicia.
En el entorno del camionero se estudiaba ayer activar un planteo judicial "por abuso de autoridad" tras la disolución de la APE, que será absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
La obra social de los choferes de camión y otros dos gremios ya habían recurrido a los Tribunales para reclamar el pago de reintegros adeudados. Según Moyano, la APE les adeuda a los sindicatos unos 2000 millones de pesos. Además, también pide una deuda de unos $ 10.000 millones que provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios y que va al Fondo Solidario de Redistribución.
"No descartamos hacer una movida judicial en conjunto con el resto de los gremios -advirtió ayer un miembro de la cúpula de la CGT moyanista-. Hay retrasos importantes en los tratamientos de VIH, trasplantes y prótesis."
La APE, que en su momento fue colonizada por hombres de confianza de Moyano, cubría los costos de las prácticas de alta complejidad o de los tratamientos de enfermos crónicos. Administraba un presupuesto anual de $ 1157 millones anuales.
Beatriz Liliana Korenfeld está a cargo de la SSS. Es kirchnerista de la primera hora y, a partir de ahora, será ella la que manejará los fondos de las obras sociales sindicales.
Korenfeld analiza emitir un bono como garantía de pago a los gremios. Esta alternativa está aún bajo estudio. Se prevé recurrir, también, a especialistas de la Universidad de Buenos Aires.
Siguen de cerca el tema el director del PAMI, Luciano Di Césare, y el médico Donato Spaccavento, que tras la disolución de la APE fue reubicado a cargo de una gerencia en la nueva estructura de la SSS.
