La presidenta Cristina Kirchner tiene paralizado, desde hace dos años y dos meses, el trámite para cubrir 17 vacantes en la justicia del trabajo, donde se dirimen los problemas de empresarios y trabajadores, y los conflictos entre los gremios.
Primera en el concurso que el Consejo de la Magistratura remitió a la Presidenta está Analía Julieta Viganó, la mujer de Julio Piumato, secretario general del gremio judicial y hombre muy cercano a Hugo Moyano. Viganó es secretaria del Juzgado del Trabajo número 74.
Históricamente, la CGT tuvo gran influencia en la designación de los jueces del fuero laboral y, cuando el Consejo tramitó el concurso que hoy está frenado, Piumato era un sindicalista aliado al kirchnerismo. Fuentes del oficialismo relataron a LA NACION que tanto él como el diputado Héctor Recalde, asesor legal de la CGT, eran muy escuchados por el Gobierno a la hora de decidir quiénes serían los nuevos jueces en el fuero laboral. Tenían diferencias entre sí, pero a la hora de promover candidatos no exhibían disputas.
El 21 de enero de 2011, Graciela Craig, esposa de Recalde, fue ascendida de jueza a camarista en el fuero del Trabajo. Su designación fue parte de una tanda donde se nombraron seis camaristas. Entonces, la oposición protestó; consideraba que era demasiado poder para el líder de la CGT y sus aliados.
El enfrentamiento cada vez más crudo entre Moyano y la Casa Rosada dejó en una situación incómoda a Recalde, que siguió representando a la central sindical y a gremios aliados del moyanismo, pero nunca rompió con la Presidenta y lleva mucho tiempo en un difícil equilibrio.
Recalde había sido uno de los cuatro jurados del concurso ganado por la mujer de Piumato. Los nombres de los postulantes seleccionados por el Consejo fueron remitidos al Poder Ejecutivo el 21 de mayo de 2010. Todo lo que debía hacer la Presidenta era elegir a sus 17 candidatos. Nunca dio el Gobierno una explicación oficial de por qué no lo hizo todavía.
Después de más de siete meses sin designar jueces, Cristina Kirchner envió al Senado, hace dos semanas, los pliegos para designar una veintena de jueces, pero ninguno era del fuero del Trabajo.
Estos 17 juzgados vacantes representan más del 20% de la justicia laboral de primera instancia. En mayo pasado, la Asociación de Abogados Laboralistas hizo pública su disconformidad. "Hace dos años, luego de un concurso que en el Consejo de la Magistratura llevó casi tres años, el expediente en cuestión se encuentra en algún cajón mal guardado", afirmó esta Asociación.
Informó además que las vacantes del fuero son, en total, 33. "Ello ha significado que en estos años haya 80.000 expedientes en trámite (sin sentencia) y 89.000 causas en ejecución. Desde marzo de 2006 a la fecha se han triplicado la cantidad de expedientes sin resolver y contamos con el raro privilegio de ser el fuero con mayor cantidad de vacancias de jueces", advirtió.
El problema de los tribunales laborales acéfalos no es nuevo. En 2010, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, utilizó el caso de este fuero como el paradigma de la falta de jueces. Fue antes de las designaciones de magistrados de segunda instancia, cuando el 43% de la Cámara estaba vacante. "La justicia del trabajo es un ejemplo dramático de lo que está pasando. No se puede trabajar de esta manera", dijo Lorenzetti.
