El viceministro de Economía podrá fijar precios, obligar a las empresas a suministrarle información y aplicar sanciones.
Por R.P. - 28/07/12 - 05:02
Hidrocarburos. El viceministro presidirá una comisión clave.
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, se transformó ayer en el hombre que definirá la política petrolera en la Argentina, con potestad para imponer sanciones a las empresas y fijar precios en el mercado, siempre que lo considere necesario para garantizar el “autoabastecimiento y la sustentabilidad”.
Así quedó establecido tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1277, que reglamentó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y creó una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que será presidida por el joven economista, que además fue designado como coordinador general de las políticas oficiales en todas las compañías privadas donde el Estado tenga participación accionaria (ver aparte).
La Comisión Kicillof estará integrada además por un miembro de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, y por un representante del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La novedad sacudió el mercado petrolero y a los gobiernos provinciales, que crearon equipos especiales para estudiar los alcances de la nueva normativa. “Esto es buena parte del viejo proyecto de Kicillof que circuló antes de la expropiación de YPF, y que después había quedado descartado”, describieron en una de las empresas.
“El Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas tendrá como ejes estratégicos el incremento y la maximización de las inversiones”, sostiene la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández. También impulsa “la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”, en línea con los intereses expresados por la conducción de Miguel Galuccio en YPF.
El decreto –que contiene un anexo de 33 artículos, dividido en siete capítulos– estipula que la comisión a cargo de Kicillof deberá elaborar anualmente un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que “establecerá los criterios y las metas deseables en materia de inversiones en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos, a los fines de garantizar la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento”.
Las empresas deberán inscribirse en un registro, antes del 30 de septiembre de cada año deberán presentar su plan de inversiones y estarán obligadas a ceder información técnica, cuantitativa y económica a los hombres de Kicillof. El programa será analizado durante dos meses, se auditará en forma trimestral y podrá imponer sanciones ante incumplimientos, que pueden llegar hasta la baja de la inscripción como inversor.
El poder de Kicillof alcanza también la fijación de precios. La comisión, dice el decreto, “establecerá los criterios, a fines de asegurar precios comerciales razonables” y publicará precios de referencia “de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable”.
“Esto pasa por encima de la regulación actual de los hidrocarburos”, explican en el gobierno de una de las provincias petroleras. Las provincias, que hasta ahora tenían la potestad de administrar las concesiones en sus yacimientos, ahora quedarán relegadas detrás de la decisión de Kicillof. “Hay que ver si esto no termina incluso con la Ofephi, la Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas”, impulsada poco antes de la expropiación de YPF, contaban en el mercado local.
