El Poder Ejecutivo uruguayo y el grupo inversor LeadGate –hasta ahora controlante del 75% de las acciones de Pluna– finalmente arribaron a un acuerdo que permitirá iniciar un período de transición para intentar sanear la compañía.
Se trata del paso previo para la búsqueda de un nuevo socio privado que retome la conducción de la aerolínea, que incluirá una gestión compartida con mayor peso estatal –que también asumirá el respaldo financiero–, y reservará la gerencia general a un integrante de Lead- Gate.
La prioridad la tendrá la aerolínea canadiense Jazz, que ya integra el capital accionario de Pluna con una participación minoritaria (25%) en la sociedad a cargo de la gestión de la línea aérea.
Según supo el diario El Observador el acuerdo incluye una serie de condiciones que ambas partes estuvieron negociando arduamente en las últimas semanas. En primer lugar, se creará un fideicomiso de garantía con el 75% de las acciones que están en manos de Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO), donde Lead- Gate tiene el 66% y Jazz el restante 33 por ciento.
El socio privado (SAO) deberá transferir las acciones de Pluna “en propiedad fiduciaria a un fideicomiso administrado por la Bolsa de Valores de Montevideo”, informó el Ministerio de Economía –que comandó las negociaciones junto a la cartera de Transporte– a través de un comunicado.
LeadGate “no recibirá precio alguno por las acciones ni al momento de transferirlas ni en el momento de venderlas a un nuevo inversor”, agrega el texto.
Por su parte, el actual socio mayoritario logró que uno de sus integrantes, Sebastián Hirsch, quede a cargo de la gerencia general, puesto que ejercía el argentino Matías Campiani, quien fue “cesado” por el nuevo directorio de Pluna.
Asimismo, otro de los aspectos que incluye el acuerdo son “cláusulas de indemnidad” para ambas partes. Esto implica que ni el Estado ni LeadGate pueden iniciar acciones civiles por la gestión de la aerolínea entre el 2007 y el 2012.
Sin embargo, quedaron excluidas dos querellas civiles: una, que el Estado inició a LeadGate por u$s1,8 millones por la operación de Aerovip en la Argentina, y otra de los privados contra el Estado por u$s9,2 millones por la devolución de aeronaves.
Los privados solicitaron esta cláusula para “proteger su prestigio comercial”.
