Es la primera medida contra funcionarios.
El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la prohibición para que salgan del país el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, en la causa que investiga las razones de la tragedia de la estación de Once, donde hace 13 días murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos.
La prohibición alcanza también al subsecretario de Transporte Ferroviario, el sindicalista Antonio Luna; al interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, y a otros directivos de TBA. Es la primera medida contra funcionarios del Gobierno que el juez dicta en este expediente, donde hasta ayer sólo se podía identificar como sospechoso al maquinista del tren que chocó.
La decisión de Bonadio sorprendió. La tomó sin un pedido del fiscal y sin que pesara sobre ninguno de sus destinatarios un procesamiento ni una solicitud de indagatoria. Lo hizo tres días después de aceptar al Estado como parte querellante en la causa, es decir, como particular damnificado con derecho a pedir medidas y ver todo el expediente, que es secreto para el que no es parte. Esa decisión fue muy criticada por la oposición, que sostuvo que el Gobierno debía responder como acusado y no ser tomado como víctima, más allá de que Bonadio alegó que una cosa es el Estado y otra, los funcionarios.
Ayer, el juez no hizo públicos los motivos de las restricciones de salida del país dispuestas. Según fuentes con acceso al juzgado, las ordenó después de analizar los últimos informes que recibió de la CNRT y la Auditoría General de la Nación (AGN).
El presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy, visitó ayer al juez y le entregó el último informe, aprobado el viernes pasado. Es un documento lapidario contra TBA, la Secretaría de Transporte y la CNRT: advierte sobre una "grave y generalizada falta de mantenimiento", fallas en la seguridad de los trenes y un control "muy débil" del Gobierno, que sin embargo incrementó año a año los subsidios que recibe la compañía, hoy intervenida.
Pese a que Schiavi, Luna y Sícaro ya no pueden salir del país, en el juzgado advierten que eso no implica que haya una imputación concreta en contra de ellos. Sostienen que el juez quiere tenerlos cerca por si necesita pedirles "alguna explicación" sobre el contenido de los informes.
Sin embargo, la prohibición de salida del país es una medida grave y excepcional, que sólo puede dictarse sobre quien, como mínimo, pesa un claro estado de sospecha. No sobre quien no está imputado, coinciden los doctrinarios del derecho penal.
El juez notificó ayer de la medida a la Policía Federal, la Gendarmería y la Dirección General de Aduanas, para hacer efectiva la prohibición. En cambio, anoche todavía no había sido informado formalmente el grupo Cirigliano. Fuentes de la compañía informaron a LA NACION que no sabían si la restricción alcanzaba -además de a Claudio- a Mario Cirigliano, que es uno de los referentes del grupo, pero no integra el directorio de TBA.
Tampoco Schiavi, todavía en reposo después de la operación, había sido notificado, pero en coincidencia con lo que sostenían en el juzgado, allegados a él insistían en que la prohibición no implica una imputación en su contra y que aunque esa imputación existiera él no piensa renunciar.
Mientras tanto, el juez espera los resultados del peritaje que encomendó a expertos en ingeniería ferroviaria y sigue de cerca sus avances. Para hoy, citó al juzgado a todos los peritos: tres oficiales y cuatro nombrados por las partes. Los oficiales son dos docentes de la especialización en ingeniería ferroviaria de la UBA y un experto de la lista de la Cámara del Crimen. Los de parte, especialistas designados por el maquinista, TBA, la Secretaría de Transporte y la CNRT.
Pero más allá del análisis que les encomendó sobre el tren, Bonadio ordenó, en paralelo, medidas para investigar cómo se prestaba el servicio. A pedido del fiscal del caso, Federico Delgado, el juez solicitó la semana pasada una serie de datos tales como el monto total de los subsidios que cobró TBA, cuántas multas recibió y cuántas fueron efectivamente pagadas por la compañía.
Buena parte de estos datos figuran en el informe que ayer Despouy le entregó a Bonadio, en una reunión que duró más de media hora. Ese documento dice, por ejemplo, que los subsidios crecieron un 146% en cuatro años y que pese a las irregularidades detectadas la AGN no encontró sanción alguna de la Secretaría de Transporte a TBA.
