El ex presidente del grupo Marsans y sus ex socios enfrentan un pedido de cárcel y una millonaria multa por parte de la fiscalía.
Díaz Ferrán y Pascual, en 2008, durante la firma de traspaso de Aerolíneas Argentinas al Estado. Foto: Archivo MADRID (EFE).- La fiscalía de la Audiencia Nacional pidió una pena de dos años y cuatro meses de cárcel y una indemnización millonaria de 99 millones de euros para el ex presidente y los ex socios del grupo español Marsans, que administró Aerolíneas Argentinas entre 2001 y 2008, después de haber sido imputados hace poco más de un mes por la justicia de su país.
Gerardo Díaz Ferrán, quien hasta hace dos años también fue presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y uno de los hombres más influyentes en el mundo corporativo español, fue acusado del delito de "apropiación ilícita" de 4,4 millones de euros.
El dinero presuntamente incautado por Díaz Ferrán, en compañía de su socio Gonzalo Pascual, quien también fue imputado, habría sido desviado de la agencia de viajes Marsans durante su proceso de quiebra, en julio de 2010. El pedido de la fiscalía también incluye al empresario Antonio Mata, ex CEO de Aerolíneas Argentinas y ex socio de Marsans.
Según la fiscalía, el cierre de la agencia permitió a los responsables de la empresa apropiarse indebidamente del dinero entregado por los clientes para la compra de pasajes. Además, el fiscal Daniel Campos acusa a Díaz Ferrán y a Pascual de "provocar el vaciamiento patrimonial" del conglomerado.
Los tres acusados deben responder al impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet, la compañía aérea de Marsans.
En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad. El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán, Pascual, Mata y por la SEPI.
Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, el fiscal Miguel Angel Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones.
Asimismo, reclama que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.
