MADRID.- Los sindicatos españoles convocaron ayer a una huelga general para el 29 de marzo contra la reforma laboral, la primera que afrontará el gobierno del conservador Mariano Rajoy apenas tres meses después de su llegada al poder.
Los comités de dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de las Comisiones Obreras (CC.OO.), las dos principales centrales sindicales del país, aprobaron por unanimidad el paro, que definieron como la última medida de presión posible tras la negativa de Rajoy a abrir un diálogo para modificar la nueva legislación.
"Es la reforma más regresiva de la historia de la democracia en España'', dijo el secretario general de las CC.OO., Ignacio Fernández-Toxo. "La huelga general que hemos convocado es justa y necesaria'', agregó el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. "Esta reforma es una ofrenda a las exigencias de los mercados financieros".
El gobierno lamentó la decisión de los gremialistas y aseguró que había mantenido 32 reuniones con las centrales sindicales sin que finalmente fuera posible el consenso. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a los sindicatos que reflexionen sobre la convocatoria en un momento de "graves dificultades para todos", y afirmó que el paro no va a aportar soluciones a la difícil situación económica del país.
Si no hay arreglo, el 29 de marzo se vivirá la octava huelga de la era democrática iniciada en España tras la muerte de Francisco Franco, en 1975. Para el propio Rajoy la medida de fuerza parecía inevitable, según dejó entrever hace unas semanas, cuando una cámara de televisión captó una conversación en la que le aseguraba a un colega europeo en Bruselas que la reforma laboral le iba a costar una huelga.
Urgente y necesaria
El gobierno argumenta que la reforma es urgente y necesaria debido a la situación que atraviesa España, con 5,2 millones de desempleados, el 23% de la población activa. Con ella pretende flexibilizar el mercado laboral e incentivar la contratación de jóvenes, un sector de la población muy castigado por el desempleo, con una tasa superior al 48%.
Entre las nuevas medidas, la legislación abarata los despidos al reducir la indemnización para trabajadores fijos. También amplía las causas del despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por motivos económicos, organizativos, técnicos o de producción- con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, y da facilidades a las empresas para que una disminución persistente de ingresos "durante tres trimestres consecutivos" sea motivo para recurrir al despido.
En la misma línea de rigor, el gobierno prevé adoptar el 30 de marzo un proyecto de presupuesto de austeridad para cumplir con su compromiso de reducir el déficit público del 8,51% del PBI, a fines de 2011, al 5,8% a fines de 2012.
La reforma laboral fue convalidada anteayer en el Parlamento gracias a la amplia mayoría del conservador Partido Popular (PP), el partido de Rajoy en la Cámara baja.
La nueva norma movilizó a miles de manifestantes el 19 de febrero y se espera una nueva jornada de movilización mañana, con protestas anunciadas en todo el país.
