El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, no podrá acceder al expediente en el que se tramita la respuesta al exhorto de la Justicia suiza, que lo investiga por presunto lavado de dinero en ese país.
Así lo decidió ayer el juez federal Norberto Oyarbide luego de que los representantes legales de Moyano le solicitaran acceder al expediente que el magistrado reactivó la semana pasada, luego de un año de demora. Los abogados del sindicalista insistirán ante la Cámara Federal, informaron ayer a este diario fuentes judiciales.
Según Oyarbide, Moyano no tiene derecho a acceder al expediente, en el que el juez debe reunir a pedido de los suizos, todas las causas en las que son investigados el líder camionero, su hijo Pablo y otros familiares, así como los titulares de la empresa de recolección de residuos Covelia. El argumento del magistrado se basa en que el expediente que se tramita no es en torno a un juicio y, por ende, Moyano no es parte.
Relaciones suizas. En tanto, los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron ayer una denuncia penal contra la Cancillería en el marco del mismo hecho. Los legisladores pidieron que se investigue si el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios de su cartera han "obstruido el pedido de asistencia judicial formulado por el Ministerio Público de la Confederación Suiza, por el que se solicitó la remisión de documentación contra Pablo Moyano y otros familiares de Hugo Moyano, como su esposa".
Para Ocaña y Garrido, "las conductas de dichos funcionarios, que habrían violado el cumplimiento de leyes" apuntaba a ayudar a "eludir las investigaciones judiciales de naturaleza penal llevadas a cabo en la Confederación Suiza", en momentos en que la relación entre el Gobierno y Moyano todavía se encuadraba en el marco de una alianza estratégica. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
Ocaña detectó una serie de irregularidades en el expediente de Cancillería y observó que el ministerio de Timerman había tomado la decisión, sin consultar al juez, de emitir notas a Suiza con el presunto objetivo de retardar el trámite de enviar la información solicitada por ese país.
Por caso, el 3 de mayo de 2011, Cancillería "indicó que se había transmitido a las autoridades del Estado requirente que a juicio del Ministerio no surgía 'nítida la relación entre el objeto de la investigación y las pruebas y actuaciones solicitadas'", y que "de su detenida lectura –del exhorto– no consta que se haya presentado una clara descripción del hecho delictivo que motiva el pedido, con referencias precisas acerca de la fecha, el lugar y las circunstancias en que se cometió".
