Una escasa representación asistió a la “sesión especial conjunta” que, bajo la presidencia del embrollado Amado Boudou, se desarrolló en el hemiciclo de la Cámara Baja. Faltaban los legisladores de la Coalición Cívica, Unión Por todos y el Peronismo Federal, que con anticipación habían anunciado su no concurrencia. Tampoco estaba allí el sector del bloque radical que responde al cordobés Oscar Aguad, pese a que el documento que se leyó estaba basado en un texto de Ricardo Gil Lavedra. El presidente de la Cámara, Julián Domínguez, había empleado todo su poder de disuasión para evitar que los disconformes presentaran una declaración alternativa. La existencia de dos documentos, dijo, hubiera enrarecido aún más la extraña atmósfera que rodeó la sesión. Lo que sus súplicas no pudieron vencer fue la cerrada negativa del ala dura de la oposición a rever su postura de no hacerse presentes en el recinto. Estaban hartos –le habían respondido– de ser convocados para batir palmas frente a las iniciativas oficiales y luego presenciar, como convidados de piedra, la sanción de un rosario de “leyes express”. No era la única razón de los amotinados: Leonardo Grosso, diputado del Frente Para la Victoria-Movimiento Evita había anunciado que durante la jornada “se expresarían las políticas de Derechos Humanos que llevó a cabo el proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina” y proliferarían las “remeras con inscripciones que reivindicarán la decisión política de institucionalizar los años de lucha”. Entusiasmado, el diputado Grosso hizo algo más: repartió volantes con el slogan “los grupos económicos también fueron la dictadura” , una idea que, dijo, compartía con Horacio Pietragalla, diputado como él del FPV y nieto recuperado. Las octavillas cubrieron las bancas del oficialismo. Una vez más, el Gobierno subordinaba a sus objetivos inmediatos una recordación que debía ser patrimonio de la mayoría.
El cristinismo también iba a imponer su sello, su lógica y sus odios en la confección de la nómina de los jueces y ex jueces que serían homenajeados por sus fallos en causas de violación de derechos humanos. Así, recibieron una plaqueta recordatoria los ex integrantes del tribunal que juzgó a las Juntas Militares, jueces federales, miembros de la Cámara de Casación. Sin embargo, el nombre de Gabriel Cavallo, el magistrado que dictó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el mismo que junto a Martín Irurzún y Horacio Cattani produjo la acordada que rehabilitó los juicios a los genocidas, había sido borrado de la lista . La razón: su participación, muchos años después y ya como defensor, en causas cuyo impulso era de interés estratégico para los Kirchner.
La ceremonia parlamentaria celebrada el día en que se cumplía el 36º aniversario del golpe militar (ver pág. 9) era una jugada inteligente y concebida, igual que en el caso de Malvinas, para que nadie, sino a condición de ser crucificado por la herejía , pudiera negarse a rodear a la Presidente ni sustraerse a darle unanimidad en una iniciativa de semejante naturaleza. Sin embargo, el dispositivo falló y las bancas semivacías atestiguaron el traspié.
Cristina Fernández necesita oxígeno para reavivar el brillo inicial del relato, de esa construcción fantasiosa que ahora oscurecen la imposición de topes salariales, las marchas y contramarchas en torno a los subsidios, las colas inhumanas para la tarjeta del SUBE, las destempladas declaraciones sobre el trabajo de los maestros, la falta de insumos industriales y de medicamentos, la certeza de que, tal como prevén todas las estimaciones, la actividad económica no crecerá este año más allá del 2,5. La Presidente sabe, además, que su imagen ha iniciado un declive de alrededor de 15 puntos. Sobre todo, las consultoras han tocado a su puerta para contarle que, por primera vez en mucho tiempo, la corrupción ha vuelto a ocupar un lugar significativo en la lista de problemas de los argentinos. El tercero, luego de la inseguridad y el desempleo.
¿Qué sacó a la corrupción del tranquilizador octavo puesto que ocupaba y la disparó hacia arriba? Los Kirchner, que llegaron al poder escoltados por el fantasma del descrédito de la política y lo frecuentaron en sus pesadillas, tienen la respuesta. Nunca olvidaron que el descontento social y la inmoralidad pública forman un binomio de enorme peligrosidad y, sobre esa combinación explosiva, el rol de la prensa crece. El escándalo que mancha al vicepresidente que eligió de entre un puñado de candidatos tiene una importancia de primer orden en la escalada del “factor corrupción”. Con todo, sus efectos difícilmente puedan alcanzar las cotas de indignación y el impacto emocional que la tragedia de Once produjo en la ciudadanía. Esa es la prueba dolorosa de la veracidad que entrañaba la que parecía ser apenas una frase efectista: “la corrupción mata”.
Los politólogos italianos, que algo saben del asunto, afirman que, adaptados al fenómeno de la corrupción, los partidos diseñan políticas de estado que tienden a gastar más en aquellas áreas donde menores son los controles. Se trata de una “mutación genética” que convirtió a los grandes partidos de militantes en partidos de “clientes”, que expulsó a quienes los habían constituido para allanarle el ingreso a personajes inteligentes que ven en ellos la posibilidad de “un atajo para alcanzar metas personales”.
La Presidente afronta un dilema adicional: manda pero no controla . En vida de su marido no había trapicheos anárquicos. Existía una terminal política y de negocios. Hoy cualquiera hace política para su propia carrera y negocios para su propio beneficio. Es un grave problema. Ni las invocaciones a la soberanía territorial ni la cotidiana declamación de vigencia de los derechos humanos alcanzan a disimularlo.
