El paro contra el ajuste fue convocado por las principales centrales sindicales y apoyado por el PSOE.
MADRID.- El duro plan de ajuste y el creciente malestar social causado por la crisis económica empujaron a España a la primera huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy, apenas 97 días después de su asunción como presidente.
El paro nacional de 24 horas llega en un momento en que el gobierno empieza a sentir los primeros síntomas de asfixia política, luego de sufrir resultados electorales adversos en Andalucía y Asturias el fin de semana pasado (ver aparte) y de que Bruselas aumentara la presión para profundizar los recortes en las magras cuentas públicas españolas.
En el frente interno, en tanto, las escasas perspectivas de que el plan de austeridad de Rajoy pueda disminuir en el corto y mediano plazos el elevado desempleo -hoy España tiene 5,3 millones de desocupados- hacen prever a los analistas que la huelga podría tener un importante acatamiento.
La medida de fuerza, convocada por las dos centrales sindicales del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CC.OO.), es la octava huelga general que se realiza desde el regreso de la democracia a este país. En esta oportunidad, su objetivo principal será repudiar y "dar marcha atrás" a la reforma laboral impulsada por el Palacio de la Moncloa.
"Esta huelga general es imprescindible. Ya no cabe la apatía ni la resignación", declaró ayer el líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, que logró el apoyo al paro por parte de la gran mayoría de las fuerzas opositoras, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la cabeza.
Varios legisladores de esa fuerza, que estuvo en el gobierno hasta diciembre pasado, apoyaron también el llamado a las movilizaciones que se realizarán en la capital española y las principales ciudades del país desde el mediodía.
En una sesión parlamentaria ordinaria, el bloque socialista acusó al gobierno de "imponer" la reforma laboral "sin tener en cuenta el acuerdo social", es decir, sólo con la anuencia tácita del empresariado y con la exclusión de la oposición y los sindicatos. Allí, la vocera del PSOE en la Cámara baja, Soraya Rodríguez, calificó la reforma pedida por Bruselas como "una máquina de destrucción masiva de empleos", ante las miradas sorprendidas de los diputados del oficialista Partido Popular (PP).
Defensa
La convocatoria a la huelga y los ataques opositores fueron inmediatamente reprobados por el gobierno conservador.
El primer funcionario en criticar el paro general fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que afirmó que, independientemente del nivel de adhesión que consiga hoy la huelga, "nada va a hacer retroceder al gobierno" en su reforma laboral.
"Está en juego la salida de la crisis económica. España está en una situación límite", afirmó.
Por su parte, el titular de la cartera de Economía y uno de los arquitectos de la reforma del mercado de trabajo, Luis de Guindos, aseguró que la nueva ley, que contempla el abaratamiento del despido, entre otras duras medidas, no va a ser ni siquiera revisada tras la medida de fuerza.
"Con independencia de lo que se defina como éxito o fracaso de la huelga, el gobierno no va a modificar un ápice de la reforma", aseguró el ministro, antes de la jornada más difícil que le tocará vivir al joven gobierno de Mariano Rajoy.
