Los aumentos pretendidos por los sindicatos más importantes rondan el 30%, muy lejos de los deseos del Poder Ejecutivo de acordar en torno del 18%.
Al respecto, hay que destacar que los pedidos reflejados en la opinión difundida por los sindicatos no reflejan la incidencia real de los aumentos de las planillas presentadas ante la representación empresaria, y que en rigor de verdad, es la que se pretenden dentro de la negociación colectiva.
Muchos afirman que están subordinados a las pautas reclamadas por la Presidenta Cristina Fernández, y en las planillas aparecen números totalmente distintos. O en su caso, lo que se dice en porcentajes no refleja la incidencia final en los salarios reales. Por ejemplo, varios gremios dicen que pretende solo un 22 o un 23%, pero al incluir la conversión de una prestación no remunerativa en remunerativa incide en el resultado final en un 6 o 7% adicional, y el resultado, mágicamente, pasa a ser un valor superior al 30%.
En rigor, si analizamos en forma prolija los reclamos, ninguno es inferior al referido 30%, claramente en contradicción con las aspiraciones presidenciales. Es tan grande el desconcierto, que hay quienes ya firmarían ajustes que rondan el 23 o 24%, y temen que la iniciativa sufra después represalias de los desconformes. Otros procuran pasar a una segunda tanda de acuerdos, esperando que den la primera señal gremios como la UOMRA de Antonio Caló o SMATA de Ricardo Pignanelli, ambos muy cercanos al Gobierno. En cambio, camioneros de Hugo Moyano y sus adherentes, se lanzan a acordar salarios según se den las circunstancias.
Sería pueril suponer que esta suerte de maniobra de distracción pueda pasar desapercibido por la observación cercana de la Presidencia, lo que demuestra que los sindicatos líderes, que buscan reemplazar a Moyano en la CGT, no están negociando con las empresas, sino con el Poder Ejecutivo y tratan de flexibilizar la postura presidencial. El Ministerio de Trabajo mantiene firme la postura de que no homologará acuerdos que superen las pautas, o lo que es lo mismo, que constituyan aumentos que puedan generar un daño general al bien común y al bienestar general.
Esto ocurre en momentos en donde todas las actividades visualizan una leve pero sostenida retracción en los niveles de actividad y de facturación, sumado a la incertidumbre que existe sobre los mercados externos a los que la Argentina suele enviar exportaciones, ante posibles represalias de los aliados o amigos de Repsol o del gobierno hispano.
El planteo oficial parte de que los trabajadores sindicalizados han sido los grandes ganadores de la distribución del ingreso de la “Era K”.
Redistribución del ingreso e inclusión, los dos estandartes de política social de la actual gestión, tuvieron como bases estratégicas la corrección del Salario Mínimo Vital y Móvil (que aumentó más del 1000%), y la negociación salarial a través de la alianza con la CGT de Hugo Moyano de los convenios colectivos de trabajo. En el 2002 un operario de alta calificación de SMATA debía emplear 16 salarios brutos para comprar un auto mediano para utilizarlo como taxi. Hoy, el mismo operario necesita 6 salarios para hacer la misma compra.
Los perdedores de esta puja distributiva fueron los profesionales y los mandos medios, y en parte, los mandos superiores de las empresas. En efecto, sus ingresos apenas se incrementaron en los mismos niveles que la inflación real, y en muchos casos, lo fueron por debajo de ella.
Así se produjo el overlaping (superposición salarial) con los ingresos de los subordinados, una vez que ellos lograran algún ajuste record de convenio como ocurrió el año 2011 que muchos de los aumentos convencionales superaron el 35% en términos reales.
Las alternativas nos quedan frente a un escenario tan complejo son cuatro: 1. Rechazar la homologación de cualquier acuerdo que supere las pautas, y con ello, requerir de las partes su adecuación devolviendo el acuerdo todas las veces que sean necesarias hasta que se subordinen a la pauta. 2. Homologar los acuerdos hasta el tope de la pauta oficial, y desechar el saldo. Sería una hipótesis de homologación parcial que ya se ha experimentado en el pasado reciente. Si bien su legalidad es discutible, no es menos cierto que la Ley 14.250 de convenios colectivos determina que el contenido de los acuerdos debe ser controlado en cuanto a su legalidad, pero también, existe un control discrecional del Estado a través del Ministerio de Trabajo, que debe velar porque el acuerdo no afecte el bien común y el bienestar general. 3. Disponer que todos los convenios se ajustarán en el 2012 con los mismos porcentajes y períodos de ajuste, conforme a una regla común, siendo a cargo del Ministerio de Trabajo la conformación de las nuevas planillas de salarios, y su publicación y homologación. 4. Por último, si se quisiera que los ajustes surjan de una convocatoria general, se podría llamar a una Gran Paritaria Nacional, en donde las entidades de tercer grado, las federaciones y las entidades sindicales y empresarias, junto con el Gobierno Nacional se comprometan a llevar adelante un aumento cuyo tope fuera la pauta oficial, y donde las peculiaridades, segmentación, y periodicidad de los ajustes, estén sujetas a la voluntad de las partes. Este último sistema, es similar a los llamados “Acuerdos Marcos” generados tanto en España como en Italia a través de los “Protocolos Scoti”, donde se establecían las reglas -en otros términos el marco referencial-del ajuste, y luego, se le concedía a las partes cierta libertad para implementar los ajustes, dentro del marco. En nuestro sistema, el marco sería un acuerdo programático, que puntualiza las condiciones y los topes. Luego, cada una de las comisiones paritarias debería reunirse para acordar -dentro del marco- lo que fuera necesario para adecuarse a las normas y sobre todo a los topes. La solución a esta encrucijada es inminente, y depende en gran medida de la fortaleza con la que se sostenga la postura oficial.
