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11/05/2012 El Cronista Comercial - Nota - Economía & Política - Pág. 2

Se desborda la conflictividad gremial por la demora en el cierre de paritarias clave

Ayer pararon la UOM y obreros del puerto de Rosario. También hubo protestas de bancarios y camioneros. En tanto, se anunciaron huelgas en las fábricas de alimentos.

Las demoras en el cierre de los principales acuerdos salariales, que según las empresas ya impactan en el consumo, comenzaron a acelerar notablemente el nivel de conflictividad por parte de poderosos gremios, que pese a su adhesión política a la gestión kirchnerista, optaron por el recurso de los paros, protestas y bloqueos para presionar por la definición de los aumentos. La jornada de ayer con las huelgas de metalúrgicos, petroleros y trabajadores del puerto de Rosario, los bloqueos de Camioneros al transporte de combustibles y las protestas de bancarios y pilotos fue una postal concreta de la multiplicación de los conflictos y el disparador de una renovada y durísima crítica de la presidenta Cristina Fernández hacia la dirigencia sindical, a la que acusó de actuar con “insensatez”.
“Que cada uno ponga lo que hay que poner”, les reclamó la mandataria, y advirtió: “porque cuando se se pudre todo, los dirigentes se van y los trabajadores se quedan sin trabajo”.
El creciente ritmo de conflictividad es justificado por los gremios en los retrasos en la renovación de los acuerdos salariales que ya están vencidos, una situación que en ámbitos sindicales atribuyen a los temores empresarios por desaceleración de la economía y al propio interés del Gobierno por imponer un tope de entre el 20% y 22% para los aumentos. Ayer, después de más de dos meses de negociaciones, la UOM realizó un paro general de 24 horas para exigir una urgente definición del nuevo incremento salarial para unos 260.000 trabajadores de la actividad.
La medida fue dispuesta por la conducción del gremio, que lidera Antonio Caló, el dirigente al que en varios sectores sindican como el principal candidato de la Casa Rosada para reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT.
En paralelo al plan de lucha lanzado por los metalúrgicos, que ayer mismo quedó en suspenso por el dictado de una nueva conciliación obligatoria, los trabajadores agrupados en la Asociación Bancaria (AB) realizaron una ruidosa protesta en el centro porteño, que complicó la atención en las entidades financieras y generó trastornos en el tránsito de la zona.
El sindicato que encabeza Sergio Palazzo ratificó su rechazo a la última oferta realizada por los bancos de una suba del 18% y amenazó con disponer un paro nacional del sector si la próxima semana no se logra cerrar el acuerdo salarial.
La jornada también sumó una huelga con impacto parcial de parte de los obreros de los puertos de Rosario, que exigen mejoras salariales a las empresas que conforman el principal complejo agroexportador del país. La medida impidió la carga de los buques y complicó las tareas de las terminales.
En tanto, el sindicato de Camioneros, que lidera Moyano, continuó con los bloqueos a las plantas de la empresa Dapsa en las ciudades de Campana y Dock Sud y mantiene la amenaza de paralizar en forma total el transporte de combustibles en reclamo por el blanqueo de trabajadores de la actividad.
También se registraron complicaciones y demoras en las partidas de vuelos de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y Ezeiza a raíz del reclamo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que denunció que los trabajadores de la empresa aún no cobraron sus salarios, pese a que se cumplieron los plazos legales.
Por otra parte, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Ftia) anunció ayer que el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana paralizará sus actividades dos horas por turno ante la falta de avances por la renovación de la paritaria que venció el 20 de ayer. El sindicato mantuvo ayer un nuevo encuentro con la cámara empresaria y rechazó una nueva propuesta salarial consistente en un incremento escalonado de 22%.
Desde el gremio reiteraron el pedido de un incremento que lleve el salario inicial de la actividad a $ 5.000, un incremento cercano al 30%, que beneficiaría a más de 80 mil trabajadores de la industria alimenticia.

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