Sigue el tironeo entre las entidades del agro y la Legislatura bonaerense por el polémico impuesto. Esta semana habrá una nueva movilización de productores en La Plata.
Productores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) realizarán desde el miércoles un nuevo cese de comercialización de granos y hacienda de cinco días contra la suba del Impuesto Inmobiliario Rural bonaerense.
El Senado provincial dio media sanción al “impuestazo” del gobierno de Daniel Scioli, que impondrá aumentos también en los impuestos de Sellos y sobre los Ingresos Brutos. Y se espera que esta semana la Cámara de Diputados bonaerense complete la sanción del proyecto.
Las entidades finalizaron ayer un paro no sólo en rechazo del aumento del impuesto bonaerense hasta un 40%, sino sobre todo porque este se realizará mediante una revaluación de las propiedades, que también influirá en los montos a pagar a la Nación por el Impuesto sobre los Bienes Personales.
El miércoles, productores agrupados en SRA y CARBAP realizarán una nueva marcha hacia la Legislatura bonaerense.
La movilización se realizará el mismo día en que el oficialismo buscará en la Cámara de Diputados sancionar el proyecto.
En una marcha similar que tuvo lugar el jueves último la agrupación kirchnerista La Cámpora y productores agropecuarios protagonizaron un enfrentamiento con golpes, forcejeos y empujones, del que resultaron varios heridos.
Dirigentes de la Mesa de Enlace responsabilizaron al vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, por los hechos, mientras que el funcionario kirchnerista desligó a La Cámpora y acusó al presidente de la SRA, Hugo Biolcati, de “barrabrava”.
La sanción de la reforma tributaria “incrementaría en forma desmedida el Impuesto Inmobiliario Rural, además de impulsar un abusivo y confiscatorio revalúo fiscal de la tierra que no guarda relación con su capacidad productiva”, afirmaron ayer las entidades del campo.
El gobernador Scioli prevé con la reforma impositiva recaudará $ 2.685 millones adicionales por año y el 38% de esos recursos ($ 1.030 millones) irán a los municipios por coparticipación.
“Esta iniciativa se pretende llevar adelante en forma inconsulta, sin apelar al necesario diálogo, en momentos en que se están viendo las graves consecuencias de la sequía a través de estrepitosas caídas en la cosecha de soja y maíz”, insistió el campo, al tiempo que denunció que el cambio impositivo se da “cuando un alto porcentaje de la provincia se encuentra declarada en emergencia o desastre agropecuario por el mismo gobierno provincial”. Además, los productores se quejaron de que al impuestazo “se suman las restricciones para vender trigo y maíz que, por sexto año consecutivo, hacen que los productores reciban un precio inferior al de mercado por su producción, y el incremento de los costos que resta competitividad a la actividad agropecuaria”.
