La Justicia ordenó a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) a que repusiera en sus lugares de trabajo y en las mismas condiciones laborales existentes, a dos controladores de tránsito aéreo que había desplazado.
Mediante un juicio sumarísimo, la justicia laboral hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el gremio Apta (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), por los controladores de vuelo Guillermo Sayal, miembro del Consejo Directivo de Apta; y Jorge Maldonado, delegado del sindicato.
De esta manera, ordenó a la Anac a "hacer lugar a la medida de no innovar solicitada y disponer que la demandada (ANAC), mantenga las condiciones de trabajo y lugar de trabajo de los actores que detentaban hasta el 24 de noviembre de 2011, y que se abstenga del cambio que da cuenta con posterioridad a tal fecha".
También corrió traslado de la demanda a la Anac para que perentoriamente comparezca y conteste la acción judicial.
De esta manera, Sayal y Maldonado volverán al Centro de Control de Área Ezeiza, de donde fueron desplazados a partir del decreto presidencial 1840/2011 que retornó el control operativo de los servicios de aeronavegación de la órbita civil -donde se hallaba desde el 2007-, a la militar.
