Nota - Argentina - Pag. 13
decisión de la Cámara federal porteña
El juez seguirá investigando al ministro de Defensa por una denuncia del sindicalista Ricardo Cirielli sobre supuestas acciones que habrían puesto "en riesgo" la seguridad aérea.
Néstor Espósito nesposito@tiempoargentino.com
La Cámara Federal porteña ratificó al juez Norberto Oyarbide al frente de una causa en la que el sindicalista Ricardo Cirielli denunció penalmente al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados, por "poner en riesgo la seguridad aérea". El expediente se remonta a noviembre del año pasado, cuando el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial se trenzó en una encarnizada disputa con el gobierno del cual había formado parte en sus inicios. Patrocinado por abogados que habían asesorado al líder del Sindicato de Peones Rurales UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, cuando fue detenido por Oyarbide en la investigación por la denominada "mafia de los medicamentos", Cirielli acusó a Puricelli y Granados por haber designado "en el Centro de Control de Aérea de Ezeiza personal no idóneo y no capacitado para dicha tarea que impidieron el ingreso al área de supervisores cuya labor resulta esencial para la garantizar la seguridad aérea". Así, según la presentación, se habrían configurado los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "peligro de la seguridad aeroportuaria".
La investigación quedó enredada en uno de los grandes laberintos de la justicia: los conflictos de competencia.
Oyarbide se declaró competente para entender en la investigación, pero el Ministerio Público consideró que como los principales hechos denunciados habían ocurrido en jurisdicción del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debía ser un juez federal de Lomas de Zamora quien llevara adelante la investigación.
El eje de la controversia es el Decreto 1840/11, que restituyó a la Fuerza Aérea la competencia en materia de control operativo de la navegación aérea, restándole influencia a Cirielli, y a su sindicato, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina (APTA).
Como consecuencia de ese decreto, Cirielli denunció que el 16 de noviembre del año pasado "el escaso personal designado (insuficiente para controlar eficazmente un aeropuerto) había ingresado a trabajar a las 12 horas y siendo las 20 horas continuaban prestando servicio. Los controladores aéreos –debido al inmenso estrés que genera su labor y la especial atención que deben prestar, ya que cualquier distracción podría provocar un accidente– poseen una jornada reducida de seis horas diarias. La obligación de quedarse después de dicho horario puso en peligro efectivo y concreto la seguridad aérea del Aeropuerto de Ezeiza." Además, la denuncia sostenía que "le fue prohibido el ingreso a tomar tareas a instructores, supervisores, operadores y controladores", no obstante lo cual "el aeropuerto continuó en operaciones con personal escaso y no capacitado para esa tarea, sin la presencia de supervisores y agotados por el asedio de los miembros de la Fuerza Aérea para que presten el servicio después de finalizada su jornada laboral".
La Sala Primera de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, entendió que "lo acaecido en Ezeiza en el mes de noviembre de 2011 no habría sido un evento casual, sino la manifestación de disposiciones concebidas en el Ministerio de Defensa y de la ANAC".
"Si se comprueba que en ellos se filtró un proceder reñido con el Derecho Penal –como meta fundamental de todo proceso–, debe ser este el fuero encargado de su juzgamiento", subrayaron los jueces al confirmar a Oyarbide al comando de la investigación."
La cifra
6 horas es la jornada reducida que deben cumplir los controladores aéreos por el estrés que genera su labor.
