Nota - Economía & Política - Pag. 3
La investigación abierta por autoridades estadounidenses contra Embraer, que la empresa dio a conocer en noviembre pasado junto con el balance del tercer trimestre, comenzó en la Argentina hace poco más de un año. En septiembre de 2010, la compañía se enteró de que estaba siendo investigada en Estados Unidos por el supuesto pago de sobornos a empleados públicos argentinos, miembros del Gobierno que actuaron en la negociación de compra de 20 aeronaves comerciales del fabricante brasileño destinadas a la estatal Aerolíneas Argentinas.
En el balance, que Embraer divulgó el 3 de noviembre, la empresa informó que “contrató abogados externos para conducir un proceso de investigación interna acerca de transacciones realizadas en tres países específicos”.
Según la nota explicativa, la medida se tomó en respuesta a un oficio emitido por la Securities and Exchange Comission (SEC), la Comisión de Valores estadounidense, por posible incumplimiento de la ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero de se país, o FCPA.
La FCPA castiga a las empresas y sus representantes por la práctica de corrupción de empleados públicos extranjeros con penas de reclusión de hasta cinco años y multas de hasta u$s 800 millones.
Embraer, que opera en Estados Unidos y tiene ADRs negociadas en la Bolsa de Nueva York (NYSE), está sujeta a esa norma.
Embraer optó por no hacer comentarios más allá de las informaciones divulgadas en su balance.
Valor pudo saber que el caso comenzó en Argentina.
El contrato investigado envuelve la compra de 20 aeronaves comerciales Embraer-190 por Aerolíneas Argentinas, estatizada en 2008 por decisión de la presidenta Cristina Kirchner. El negocio se cerró en mayo de 2009 por u$s 698 millones, y el 85% del valor fue financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En septiembre del mismo año, la justicia argentina abrió una investigación, que hoy está a cargo del juez federal Sergio Torres, del Juzgado Criminal y Correccional.
La transacción entre Embraer y Aerolíneas contó con la participación del entonces secretario nacional de Transportes, Ricardo Jaime. Jaime tenía injerencia sobre los planes de inversión de Aerolíneas Argentinas. Antes de su estatización, el funcionario intentó convencer a la empresa, entonces bajo control de la española Marsans, para que adquiriera los aviones de Embraer.
A partir de la investigación en Argentina, las autoridades estadounidenses encontraron indicios de práctica de corrupción en otros dos países. Fuentes que acompañan investigaciones relacionadas a la ley FCPA afirman que es muy posible que otro país de América latina esté involucrado en el tema.
