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02/08/2013 El Cronista Comercial

Nota - Negocios - Pag. 19

LAN y las compañías aéreas de menor porte siguen operando desde Aeroparque

SE MANTIENE EL CONFLICTO CON EL GOBIERNO POR EL USO DE LA TERMINAL AÉREA PORTEÑA

La compañía de origen chileno dice no haber sido notificada de que debe desalojar sus instalaciones. Y las aéreas más chicas fueron a la Justicia para evitar la mudanza

EL CRONISTA Buenos Aires

La aerolínea LAN se volvió a plantar firme ante la posibilidad de que el Gobierno también la notifique para que deje de operar desde el Aeroparque Jorge Newbery, como también ocurre con las firmas de menor porte.

Enrique Cueto, vicepresidente de Latam Airlines Group, paraguas bajo el cual opera LAN Argentina, sostuvo en declaraciones a la prensa chilena, que la intimación de desalojo todavía no llegó a las oficinas de la empresa. “Es un tema técnico, no nos afecta.

Vamos a seguir operando en la Argentina y en Aeroparque sin problemas”, dijo.

“Estamos en la Argentina y vamos a estar siempre en la Argentina.

En todos los países hemos tenido algún tipo de problema.

En la Argentina, últimamente, más. Pero estamos tranquilos y preocupados por el servicio que podemos brindar a nuestros pasajeros” agregó. También recordó el conflicto por las mangas que tuvo en Aeroparque. “Nos han sacado las mangas, que afecta mucho más al servicio que a la empresa”, sostuvo.

En la misma sintonía opinaron desde LAN Argentina.

Agustín Agraz, director de Asuntos Corporativos de la empresa, afirmó no haber recibido ninguna notificación oficial y dijo que LAN “está siempre abierta al diálogo para encontrar soluciones”.

Ante la consulta sobre el avance del Gobierno, Agraz sostuvo que “queremos invertir y competir con lealtad, queremos que le vaya bien a Aerolíneas Argentinas ya que de este modo va a crecer la industria área”.

El conflicto de LAN se mezcló con el de las aerolíneas de menor porte (con aviones de hasta 30 asientos), que por una resolución del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), debían abandonar ayer el aeroparque Jorge Newbery.

Se trata de la Resolución 123, que establece que “a partir de las 00 hs del 1 de agosto de 2013 las instalaciones edilicias anexas a la plataforma sur del aeroparque porteño que sirven de guarda y mantenimiento de aeronaves de menor porte y otras podrán ser entregadas para su uso exclusivo al Estado nacional, a las líneas aéreas que operen vuelos regulares internos e internacionales en dicho aeropuerto con el fin de llevar a cabo tareas de guarda, mantenimiento y taller de reparación”.

Entre los empresarios se sostiene que dicha medida pretende favorecer a Aerolíneas Argentinas con el uso exclusivo del Aeroparque, tal como viene impulsando la agrupación La Cámpora, cuyos miembros controlan no sólo la compañía aérea de bandera, sino también el Orsna.

Entre las afectadas por la resolución se encuentran empresas de traslado de ejecutivos o taxis aéreos como MacAir (del grupo Macri); Royal Class (de Pablo Yabrán), Bayres Fly (de Luis Grande); Autonomy (de Cristóbal López); Aerovip (de Carlos Ávila), y Servicios Aéreos Sudamericanos (SAS), de Eduardo Eurnekian.

Hasta ayer, todas seguían operando en Aeroparque gracias a recursos de amparo que interpusieron ante la Justicia para evitar la medida oficial.

De esta forma, lograron postergar la medida. Hubo además negociaciones con el Orsna para postergar el traslado hasta diciembre, cuando deberían mudarse a San Fernando.

Consultas hechas por El Cronista entre las aéreas involucradas, revelaron que la jornada de ayer fue “totalmente normal”, y por lo tanto el ritmo de las operaciones se dio tal cual estaba previsto.

Sin embargo, las empresas también tomaron la determinación de comenzar a diseñar un plan de contingencia para lo que vendrá, teniendo a diciembre como fecha límite para dejar de operar en Aeroparque.

Enrique Cueto, vicepresidente de Latam, insistió en el proyecto de LAN en la Argentina

La polémica resolución del Orsna sólo afecta a las líneas aéreas de menor porte

Las intimaciones llegaron también a firmas que dejaron de volar

MATÍAS BONELLI Buenos Aires

La embestida que el Gobierno emprendió contra las líneas aéreas en general, tuvo hasta un caso muy particular. La intimación del Orsna llegó incluso para Aerovip, propiedad del empresario Carlos Avila (creador y ex dueño de la señal TyC Sports, entre otras), y que justamente suspendió su actividad luego de que el Gobierno congelara una solicitud para poder volar con aviones de más de 40 asientos, para dejar los de menor porte.

En diálogo con El Cronista, Avila reconoció no sólo que se sorprendió por figurar entre las empresas que deberán desalojar Jorge Newbery sino que, además, mostró su descontento por la imposibilidad de volver a volar. “Perdimos más de tres millones de dólares por eso”, confió.

La aparición de Aerovip entre las que deben irse también llamó la atención por el conflicto judicial que tiene con el Estado.

“En 2011 iniciamos un juicio. Pedimos que se nos permitiera volar con naves más grandes pero jamás obtuvimos una respuesta; se congeló el tema”, se quejó Avila.

Según el empresario, Aerovip todavía mantiene sus condiciones para volver a las pistas, así como las rutas asignadas.

Sostuvo además que “nunca tuvimos un contacto con los funcionarios del área. Para avanzar precisamos un intercambio por parte de quien nos tiene que dar las habilitaciones correspondientes”.

En su denuncia ante la Justicia, Aerovip también acusó al presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Jorge Pérez Tamayo, y a varios funcionarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por asociación ilícita para impedirle competir en rutas que también opera Aerolíneas Argentinas. El núcleo de la denuncia, presentada ante el juzgado de Norberto Oyarbide, es la no emisión de un certificado que le permitiría a Aerovip hacer vuelos regulares en el territorio nacional. Aerovip sostiene que la ANAC autorizó esa operación en una resolución en 2010, pero nunca emitió el certificado correspondiente por presiones de APLA. Ya por aquel entonces, Aerovip, sostenía que se pretendía que sólo Aerolíneas Argentinas prestara servicios “sin competencia privada de ningún tipo”.


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