Por Magdalena Da Porta
Pese a que el Estado argentino lo prohíbe, debido a los riesgos que implica la agremiación de una organización verticalista y armada, la protesta de los policías cordobeses volvió a poner sobre el tapete la discusión sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad.
En Córdoba, este debate comenzó a gestarse con fuerza hace ocho años, cuando se desató otra protesta policial encabezada por el entonces cabo primero Claudio Cisneros. Pese a que nunca lograron un reconocimiento legal, parte de esos agentes aún continúa bregando para lograrlo a través de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (Uppac) 7 de Agosto.
Durante y luego de la conferencia de prensa que dio el gobernador José Manuel de la Sota para anunciar que tras 35 horas de caos se había alcanzado un acuerdo con los efectivos acuartelados, se escucharon los primeros planteos en este sentido.
Uno de los primeros fue el de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que descartó de plano la agremiación pero sí admitió la necesidad de crear un canal de comunicación.
Por otro lado, en su carácter de titular de la CGT Córdoba, José Pihen, afirmó: "Apoyaríamos (la agremiación policial), lo que pasa es que habría que cambiar el marco legal que les impide a los policías la actividad sindical".
Incluso el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, en un comunicado, hizo referencia a esta cuestión en dos de los siete puntos planteados. Uno de ellos insta a analizar casos en otros países "sobre diferentes instancias o modalidades de sindicalización o agremiación de los trabajadores de las fuerzas de seguridad y evaluar las reales posibilidades de adopción de alguno de estos mecanismos en Córdoba", salvando la necesidad de mantener las características de verticalidad y servicio esencial.
Freno legal y político
El abogado laboralista y exministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Jorge Sappia, consultado acerca de la discusión, aseguró que no hay una norma nacional que se refiera específicamente al tema de la sindicalización de la policía, pero sí existen resoluciones administrativas del Ministerio de Trabajo "que no ha resuelto favorablemente esta demanda".
Sappia precisó que la Argentina adhiere a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que se refieren a la libertad sindical y a la promoción de negociación colectiva- y que indican que no es obligatorio para los países miembro reconocer el derecho a la sindicalización de la policía y las fuerzas armadas, por lo que esta decisión queda supeditada a cada nación.
"Sé que es muy peligroso darle sindicalización a una organización armada, sobre todo porque se le tiene que reconocer el derecho a la huelga", advirtió el letrado, y propuso como ejemplo a la Guardia Nacional española, fuerza que está sindicalizada.
"Lo sucedido en Córdoba no fue un acuartelamiento, fue una huelga. Llamemos a las cosas por su nombre. Si por la vía de hecho admitimos la huelga
-porque no hay sanciones-, lo que corresponde es reconocer el derecho a sindicalizarse pero en una norma que establezca que se trata de un servicio público esencial", evaluó el exfuncionario provincial.
