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Es obligatorio para todos los argentinos que se trasladen al exterior, incluso para los menores de 18 años.
El empresario Lázaro Báez pidió ayer a la Justicia que le prohíba a todos los medios de comunicación dar información u opiniones de sus empresas y reclamó que se investigue a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Información Financiera (UIF) porque sospecha que pudo haber pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener esos datos.
En la denuncia, Báez pidió que se dicte una medida cautelar a "fin de ordenar a los organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno" sobre información comercial de sus empresas.
El mayor contratista de obra pública de Santa Cruz hizo la petición en una presentación en el juzgado federal de Río Gallegos, luego de una serie de notas del diario La Nación que informaron que la empresa Valle Mitre S.A. pagó varios millones de pesos para alquilar habitaciones en hoteles del matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner.
El Gobierno Nacional, a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, acusó a medios de comunicación de realizar "operaciones" y una "campaña sistemática de agravios" en su contra, al tiempo que remarcaron que los informes dados a conocer por el matutino porteño son cuestiones de negocios privados y que los ingresos de la Presidenta están publicados en sus declaraciones juradas.
Báez, en tanto, solicitó que la medida cautelar tenga vigencia "hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información".
La defensa de Báez, investigado en Santa Cruz por irregularidades en la obra pública y en la Capital federal por lavado de dinero, sostuvo que la información publicada en el diario La Nación por el periodista Hugo Alconada Mon es confidencial y solo está en manos de organismos como la Afip y la UIF.
La denuncia sostiene que con la publicidad de esa información "se afecta no sólo a la empresa sino a quienes la gobiernan, es evidente, en tanto con las notas periodísticas mencionadas se pretende insinuar, sobre la base de la utilización de la información ilegalmente obtenida, que ha existido una suerte de negociación espuria entre mi mandante y la familia presidencial".
Báez pidió ser querellante en la causa, que quedó a cargo de la conjueza federal Andrea Askenazi Vera.
Repudios
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) advirtieron ayer sobre la inconstitucionalidad de la censura previa.
Por su parte, el flamante presidente de la UCR, Ernesto Sanz, consideró una vergüenza la solicitud del empresario. "Si fuera falso, recurriría a la Justicia pidiendo por daños y perjuicios; si se pide que no se publique de antemano es porque la información es verídica; y si es verídica, la prensa tiene todo el derecho a publicarla", remarcó.
Aerolíneas
Diputados nacionales del PRO presentaron ayer una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investiguen de manera urgente los convenios entre Aerolíneas Argentinas y la empresa de Báez que gerencia los hoteles de la familia Kirchner.
Puntos de vista
Oscar Parrilli (Sec. gral. de la presidencia). "(Los convenios entre Báez y los hoteles de los Kirchner) son un acuerdo entre privados que fueron declarados tanto por el expresidente como por la Presidenta."
Ernesto Sanz (Presidente de la UCR). "Es una vergüenza (...). Si (Báez) pide que no se publique de antemano es porque la información es verídica; y si es verídica, la prensa tiene todo el derecho a publicarla."
Pedido de Campagnoli
El suspendido fiscal José María Campagnoli, que investigaba a Lázaro Báez, presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal para que anule el sumario administrativo en su contra y lo reponga en el cargo.
