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BERNARDO BIELLA, DIPUTADO RADICAL SALTEÑO, PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORMES
El legislador sostiene que la empresa, que opera en los aeropuertos nacionales y que está intervenida por el Estado, da a Aerolíneas Argentinas un trato preferencial
MATÍAS BONELLI Buenos Aires
Intercargo, empresa que opera en todos los aeropuertos argentinos y que hoy se encuentra intervenida por el Estado, podría tener que dar explicaciones ante la Justicia.
Bernardo Biella, diputado por la UCR, presentó un proyecto de declaración con pedido de informe, para que la compañía explique su comportamiento “discriminatorio” –según definió ante el El Cronista– en las terminales aéreas. Además, el funcionario exige que se precisen los motivos por los cuales Intercargo cobra en el país tarifas más caras que las que otras firmas del rubro piden en otros mercados. “En, Brasil, por ejemplo, se cobra un 70% menos que en la Argentina”, sostuvo Biella.
“Se produce un hecho de discriminación muy notorio en cuanto al servicio que presta Intercargo. En Salta, por ejemplo, las mangas raras veces están disponibles para aéreas que no sean Aerolíneas Argentinas.
Y lo mismo ocurre con las valijas.
Si llega un avión de Aerolíneas Argentinas y otro de otra empresa, primero se descarga el equipaje de la firma estatal, y luego el resto. La situación es la misma en los distintos aeropuertos”, se quejó el diputado.
Y completó: “Hace pocos días, en el aeropuerto de la ciudad de Salta, se trasladó hasta el avión a personas con discapacidad motriz en silla de ruedas, sin contar con las medidas de seguridad que se brindaban para otros vuelos”.
“Todo esto –sostiene Biella– perjudica seriamente al turismo de cada provincia”.
Si todo fuera por carriles normales, la iniciativa se debería tratar en el Congreso en las próximas semanas. En caso de que esto no ocurra y los legisladores opten por cajonear el proyecto, el segundo paso será lograr el apoyo de algunos colegas y que la moción se trate sobre tablas.
“Pero si no tenemos respuestas vamos a ir directamente a la Justicia. Esta es una situación irregular que no se puede estirar demasiado mucho más en el tiempo”, advirtió Biella.
Esta situación se da en momentos en los que Intercargo afronta una compleja situación con sus empleados, afiliados al gremio aeroportuario.
A raíz de diferentes conflictos gremiales, durante el miércoles último se produjo una virtual paralización de los vuelos, especialmente en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
Ayer la situación había mostrado una mejora, aunque según informaron distintas fuentes a El Cronista se produjeron algunas demoras en las salidas y arribos de los vuelos, por lo que el panorama todavía distaba de ser la ideal.
Intercargo es una empresa que en la actualidad se encuentra intervenida por el Estado desde fines de noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo tomó esa determinación, luego de llegar a la conclusión de que “corría riesgo” su normal prestación de servicios.
En principio la medida regiría por dos meses, aunque luego distintos decretos fueron ampliando el lapso de la intervención.
En primera instancia se había designado como interventor a Juan de Dios Cincunegui, aunque hace 15 días lo reemplazó Marcía Cecilia García, del pulmón del vice ministro de Economía, Axel Kicillof.
También se critican los altos costos que cobra Intercargo por la prestación de su servicio
La empresa fue intervenida en noviembre de 2012, medida que se extiende desde entonces
Una historia de desencuentros
Intercargo dispuso que las compañías aéreas le deberían pagar un 40% más por sus servicios. Lo mismo ocurrió con LAN, aunque aquí comenzaron los inconvenientes. La filial argentina de la empresa de capitales chilenos tenía un contrato vigente hasta mediados del año que viene, pero pese a esto la empresa intervenida por el Estado le exigió modificar lo pautado.
Luego de varias semanas en las que LAN no pudo utilizar las mangas para trasladar a sus pasajeros hacia los aviones, el conflicto se solucionó sólo cuando la aérea aceptó pagar ese 40% que se le pedía.
Incluso, LAN había recurrido a la Justicia para que se revierta la situación y logró fallos favorables, pero el Estado no acató esa postura.
