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20/05/2013 El Cronista Comercial

Nota - Negocios - Pag. 17

El congelamiento de los vuelos le costó a LAN u$s 2,5 millones

NO OPERÓ POR UN CONFLICTO CON INTERCARGO

MATÍAS BONELLI Buenos Aires

El conflicto que desde hace meses mantienen la aérea LAN Argentina e Intercargo, empresa intervenida por el Estado, explotó el viernes por la noche con la inmovilización de sus vuelos, y sólo un día después logró ser, al menos, freezado.

Pero superada esta instancia, ahora llega otra, tal vez más dura que la anterior. Durante el fin de semana los directivos de la aérea comenzaron a sacar cuentas para saber cuál había sido el impacto económico generado por la imposibilidad de despegar o aterrizar sus aviones en el país, y los números preliminares pusieron en alerta a más de uno.

Según pudo determinar El Cronista, las pérdidas alcanzaron los u$s 2,5 millones, aunque los números más finos estarán disponibles durante esta semana, y nadie se atreve a confirmar que la cuenta no sea todavía más abultada.

Esta cifra surge, principalmente, del costo que genera tener las aeronaves paradas, aunque también se le deben sumar las devoluciones de los pasajes, los gastos de hotelería de los pasajeros que quedaron varados, y los servicios aéreos extras que se debieron poner en marcha para darle solución a algunos de los viajeros.

El punto máximo del conflicto se dio sobre el final de la semana última, cuando Intercargo –que opera en forma monopólica los servicios del manejo de las valijas y las mangas que permiten el traslado de los pasajeros hacia los aviones– le volvió a reclamar a LAN el pago de u$s 18 millones ($ 94,5 millones) extras a lo convenido en el contrato.

La aérea se negó a esta exigencia, por lo que se dispuso el corte del servicio a partir de las 18 del mismo viernes.

Tras horas de negociaciones, que se extendieron hasta las cuatro de la mañana del sábado, ambas partes acordaron que se pagarían $ 20 millones casi en forma inmediata, en tanto que durante el año se desembolsarán 60 millones de pesos.

En LAN no están conformes con esto, aunque entienden que es la única forma que tenían para retomar sus operaciones.

“Tuvimos que ceder ante las peticiones de Intercargo”, destacó Enrique Elsaca, gerente general de LAN Airlines en Chile, molesto por no haber encontrado otra salida.

El 75% de los ingresos de Intercargo provienen de la operación de LAN, que tiene todavía vigente un contrato especial que había firmado con Intercargo justamente por ser su principal cliente. Pagaba u$s 32,4 millones, aunque la empresa intervenida por el Estado pidió en forma unilateral que se paguen u$s 18 millones extras, lo que generó el conflicto.

Intercargo se encuentra intervenida por el Estado, y al frente de la compañía se encuentra María Cecilia García, integrante de La Cámpora, que llegó de la mano del viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Mientras duró el congelamiento de los aviones de LAN estuvieron varados cerca de 8.300 pasajeros, que se vieron impedidos de tomar sus vuelos tanto dentro del país, como los que salían de los aeropuertos locales o llegaban hacia ellos. Una parte de esos clientes fueron reubicados en vuelos alternativos puestos por la empresa.

Durante el fin de semana, incluso, aparecieron algunas voces que precisaban que LAN abandonaría la operación en la Argentina, aunque esto fue desmentido ante El Cronista en forma categórica por Agustín Agraz, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa.

Superada entonces esta etapa del conflicto, ahora lo que restará dilucidar es qué ocurrirá con las acciones legales que había iniciado la firma aérea.

En los últimos días la Justicia había hecho lugar a una serie de recursos de amparo presentados por LAN, aunque el Estado jamás respetó esas resoluciones que obligaban a Intercargo a restituir el servicio en forma inmediata, y siguió adelante con sus embestidas.

Con el acuerdo al que se llegó en la madrugada del sábado, entonces, la cuestión pasa por saber si se retirarán esas demandas, o si seguirán su curso. La variante que surge con mayor fuerza en este sentido es que las acciones ya no correrán tanto por el lado de la Justicia, sino que lo harán por líneas gubernamentales.


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