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A través de una resolución administrativa, el Gobierno especificó los casos en que los entes oficiales podrán saltarse la prohibición de utilizar otras compañías aéreas para los vuelos de sus funcionarios. Pedido al Congreso y la Justicia.
El año pasado, a través del decreto 1191/12, el gobierno nacional ordenó que todos los entes del Sector Público Nacional están obligados a realizar sus vuelos a través de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea que fue estatizada en 2009.
El artículo 2 del decreto permitía que las jurisdicciones y las entidades alcanzadas por la medida puedan apartarse de la obligación con la decisión fundada de la máxima autoridad, en los casos que Aerolíneas o Austral no comercialicen vuelos directos para el destino requerido.
A través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete precisó los casos en que las necesidades de transporte de personas no pueden ser cubiertas por Aerolíneas, Austral o Lade –Líneas Aérea del Estado-
En dos incisos, el artículo 5 de la resolución precisa que se entenderá que el viaje no puede realizarse por las aerolíneas del Estado cuando: a) se requiera una conexión con otra aerolínea y el tiempo de espera fuera menor a tres horas o mayor a seis; b) se requiera una conexión con otra aerolínea y el tramo de esta última sea el de mayor extensión, siempre que el valor total del pasaje supere el 20% del valor del vuelo punto a punto por una tercera empresa.
En otras palabras, el inciso b obliga a los funcionarios a realizar conexiones con las compañías estatales en los casos en que el valor del pasaje sea hasta un 20% más caro, pasado ese límite el organismo oficial quedará habilitado a utilizar una empresa más barata.
No hay precisiones sobre los casos en que los vuelos no requieren conexión, por lo que se entiende que el Estado quedará obligado a utilizar Aerolíneas o Austral, tal como se había decretado el año pasado, sin importar el precio o los horarios.
La norma publicada en el Boletín Oficial también establece el cronograma de ingreso del Sector Público Nacional al sistema de compra de pasajes por intermedio de Optar Sociedad Anónima, la mayorista encargada de vender los pasajes de Aerolíneas.
Además, la norma invita al Congreso de la Nación y al Poder Judicial de la Nación a tomar medidas similares con el objetivo de favorecer las operaciones de las aerolíneas del Estado.
