Nota - Política - Pag. 16
DNU
Por Jorge Oviedo | LA NACION
La presidenta Cristina Kirchner se jacta de haber firmado muy pocos decretos de necesidad y urgencia durante sus dos mandatos. Es, en parte, porque en lugar de hacer muchas modificaciones presupuestarias en el año, como lo hizo su marido, hace siempre una sola, enorme, sobre el final del ejercicio.
Esta vez, la que probablemente sea el mayor aumento del gasto por decreto de toda la historia de la democracia, ni siquiera tuvo que firmarla. Lo hizo el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou. El incremento de las erogaciones pasa de los $ 80.000 millones, lo que equivale a cerca de un año y medio de presupuesto completo de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un alza cercana al 13% del gasto total previsto inicialmente para el ejercicio anual. Y la utilización de un DNU para esquivar al Congreso es un dato más que llamativo para una administración que cuenta con el control de las dos cámaras. El gasto total previsto por la ley de presupuesto aprobada por el Congreso sin que se cambiara una coma al proyecto de la Presidenta era levemente inferior a los $ 629.000 millones.
Más de la mitad de la suba hecha con el DNU corresponde a gastos de la Anses y subsidios a empresas públicas o en manos del Estado, al consumo de servicios públicos y combustibles y mayores pagos de la deuda.
Si en ejercicios pasados el Gobierno distribuyó por esta vía una recaudación superior a la esperada, esta vez la principal vía para aumentar las partidas fue otra: sobre $ 80.000 millones más de gastos, unos $ 70.000 millones corresponden a más déficit.
La financiación es un misterio. El Gobierno confiesa un aumento de la deuda pública de $ 79.000 millones. Con desinversiones de la Anses por más de $ 7000 millones, lo que parece la liquidación y el gasto de colocaciones a corto plazo, como depósitos a plazo fijo.
Probablemente, en los próximos días el Gobierno "blanquee" la colocación de letras o títulos de manera compulsiva a la propia Anses, al Banco Nación, al Banco Central o a cualquier otro ente donde puedan encontrarse recursos líquidos.
Todo el mecanismo es inflacionario. Sólo $ 10.000 millones, de los $ 80.000 millones de aumento del gasto, son cubiertos con ingresos superiores a los esperados. Esta vez no habían minimizado los ingresos, sino los gastos. Tal como había anticipado LA NACION, las partidas para cubrir subsidios de los servicios públicos, como electricidad, gas, agua potable y cloacas, trenes y colectivos, apenas alcanzaban hasta el mes de las elecciones, a pesar de que ya habían sido aumentadas. Sólo para compensaciones a petroleras se agregaron $ 4000 millones.
Pero, además, los cálculos para cubrir los pagos de salarios y aguinaldos del personal no previeron los incrementos que se otorgaron, ni tampoco los aumentos de las prestaciones previsionales por las movilidades.
También se agregaron subsidios a empresas en manos del Estado, como Aerolíneas Argentinas, que obtuvo más de $ 276 millones, y también a Yacimientos Río Turbio, ARSaT, Conea, Conae, entre otras.
La propia Anses no pudo financiar los incrementos de gastos sin recurrir a liquidar parte de sus inversiones. No sólo por las actualizaciones de las jubilaciones, sino también porque tuvo que aumentar en $ 3000 millones las partidas para el plan Conectar Igualdad, de entrega gratuita de netbooks a estudiantes secundarios. En los días previos a los comicios se entregaron miles a alumnos que incluso ya habían egresado de los establecimientos.
También en varias áreas hay partidas para diversas ayudas con transferencias o refinanciaciones a provincias, lo que parece ser el sinceramiento de operaciones realizadas para asistir a los mandatarios durante la campaña electoral.
También, sorprendentemente, hay un fuerte aumento de las partidas para pagar la deuda pública, cuando no hubo durante el ejercicio subas sorpresivas de las tasas de interés u otras variaciones que generaran pagos no previstos.
Las cuentas exactas arrojan un incremento del gasto de $ 80.000 millones, financiados con un incremento de los recursos de $ 10.426,7 millones y un alza del déficit fiscal de $ 70.308,6 millones. El Gobierno había prometido obtener este año un superávit de $ 587 millones, lo que era criticado por economistas independientes y políticos de la oposición. Hasta septiembre el rojo fiscal acumulado sumaba $ 34.500 millones. Sin contar lo que pueda haber ocurrido en octubre, el rojo financiero del presupuesto nacional ya supera los $ 100.000 millones, equivalentes a alrededor del 14% del gasto total.
"La farsa es siempre igual"
El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, cuestionó el DNU por el que el Gobierno dispuso una ampliación presupuestaria de más de 80.000 millones de pesos. "Estamos frente a una norma desproporcionada en sus alcances, que no reúne las condiciones ni de necesidad ni de urgencia para poder ser dictada", planteó. Y completó: "La farsa es siempre igual: se dibuja un presupuesto equilibrado, aunque el propio kirchnerismo sabe que no estará ni cerca de cumplirlo, y luego, en un uso abusivo y desproporcionado de facultades delegadas, el Poder Ejecutivo modifica las partidas con total discrecionalidad".
