Por Ricardo Cirielli Secretario General De La Asociación Del Personal Técnico Aeronáutico
La pelea entre el gobierno y Clarín está destinada al desguace de dicho Grupo. No a "democratizar la palabra", al ejercicio de la libertad de expresión de manera más democrática, lo cual sí es indispensable. Ningún sector social exigió esa guerra. Pero en el fragor y confusión de esa contienda, nunca se tuvo en cuenta o se le dio la importancia debida a la situación laboral de todos los trabajadores de prensa que se van a ver afectados inevitablemente en su estabilidad, si se aplica estrictamente el desbaratamiento del Grupo Clarín. Y, si no hay discriminación, también en otros grupos mediáticos.
En el caso del Grupo Clarín es mucho más alarmante, porque tiene presencia empresarial y laboral en cientos de localidades. ¿Si se pierden licencias y se cierran empresas, la ley puede asegurar que esas licencias y empresas serán adjudicadas y compradas en todos los casos por otros empresarios? ¿O será el Estado quien lo haga con los fondos públicos que le faltan y en mucho?
¿La ley podrá garantizar, además, que todos los trabajadores de prensa mantendrán el mismo trabajo, sus condiciones y calidad?
En definitiva, ¿asegura la ley que no aumentará el desempleo entre los trabajadores de los medios a causa de su aplicación? ¿Lo pueden garantizar los funcionarios, legisladores oficialistas y opositores, lo miembros de la Corte o los sindicalistas?
Con el agravante pavoroso de lo que habilita la Corte, en relación a los empleados del Grupo Clarín, al decir: "La compañía puede restablecer el equilibrio en el flujo de fondos ajustando algunas variables, tales como prescindir de empleados".
No serán los accionistas del Grupo los que pierdan el trabajo y el sustento por la aplicación de esta ley, sino muchos trabajadores de prensa y las familias vinculadas a ellos.
En un contexto macroeconómico en el que ya casi no hay creación de trabajo privado, sino sólo público, esto amerita la preocupación por parte del movimiento obrero.
Ninguna ley constitucional puede crear desempleo con su aplicación. Es inadmisible.
Ningún trabajador puede ser sacrificado para implementar una ley.
