La Ciudad - Pag. 38
Tránsito - Aumentan los piquetes
Fueron un 51% más que en el mismo mes del año pasado. A los reclamos gremiales por paritarias se sumaron protestas vecinales contra la inseguridad, la inflación y la ocupación de predios públicos.
Pablo Novillo pnovillo@clarin.com
Tras las vacaciones y con el inicio del año político, en marzo recrudeció uno de los problemas cotidianos que más fastidian a los porteños: los piquetes. El mes pasado hubo en la Ciudad 112 cortes de calles, un 51% más que en marzo del año pasado, cuando hubo 74.
La cifra es récord no sólo por el total sino por el promedio por día hábil: si se tiene en cuenta que el mes pasado hubo tres feriados (los días 3, 4 y 24), hubo 6,7 cortes de calles por día laborable.
Los datos surgen del relevamien- Tránsito to mensual que realiza la consultora Diagnóstico Político. “El trasfondo de la alta conf lictividad es una coyuntura con alta inflación, caída de la actividad económica y aumento de la inseguridad, como así también de la violencia en la vía pública”, explicó Patricio Giusto, de la consultora. En este sentido, el mes pasado hubo desde protestas vecinales contra la toma del predio de Villa Lugano hasta reclamos sindicales, pasando por el acampe de aborígenes en Plaza de Mayo o cortes de habitantes de la villa 31.
La compleja situación social, con la inf lación y la inseguridad a la cabeza, más todas las discusiones por paritarias que se están llevando adelante, permiten creer que los cortes de calles seguirían en aumento en las próximas semanas.
Los principales organizadores de cortes de calles fueron los trabajadores estatales, con 39 manifestaciones, seguidos por los vecinos con 29. Recién en tercer lugar estuvieron las organizaciones piqueteras, con 18 cortes. Algunos de esos piquetes se debieron a conf lictos que no le son propios a la Ciudad sino por problemas de otras jurisdicciones, como los reclamos de los docentes, que cortaron calles porteñas para lograr visibilidad.
Como siempre, los lugares más conflictivos fueron los alrededores del Congreso, la sede del Ministerio de Trabajo en Leandro N. Alem al 600 y el Ministerio de Desarrollo Social, en 9 de Julio y Belgrano. En la 9 de Julio el tránsito se vio afectado no sólo por los cortes, que en algunos casos incluyeron al Metrobus, sino también por los micros que se estacionan allí cuando dejan a los manifestantes que luego se dirigen a la Plaza de Mayo, como pasó con la marcha organizada por la CTA disidente.
El aumento en la cantidad de piquetes llevó a que la propia Presidenta hablara, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, de la necesidad de alguna normativa para ordenar las protestas, aunque luego de esas declaraciones no hubo avances concretos.
Donde sí se empezó a discutir el tema es en la Legislatura porteña.
A un proyecto que había presentado el legislador macrista José Luis Acevedo se le sumó recientemente otro impulsado por la legisladora de UNEN María Eugenia Estenssoro, que recuperó una iniciativa de Sergio Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad. La idea en ambos casos es muy similar: que quienes vayan a hacer una marcha avisen con an- ticipación, y que al momento del corte dejen libre un carril en las calles o dos en las avenidas para el paso de colectivos, ambulancias, patrulleros o vehículos de los bomberos.
Aún si mediante un acuerdo legislativo se sancionara una ley, lo que parece probable, el tema es quién la aplicará en la calle. En el Gobierno porteño aseguran que la Policía Metropolitana no tiene todavía la estructura necesaria para hacerse cargo del tema, que sigue siendo una responsabilidad de la Federal. A su vez, en la Justicia porteña se quejan de que las fuerzas federales no evitan los piquetes. Y desde la Nación aseguran que no pueden actuar sin una orden judicial, lo cual a su vez es negado por los fiscales, quienes dicen que la Policía puede hacerlo si hay situaciones de flagrancia. Así, lo único que sucede, y no siempre, es que los fiscales ordenan filmar e identificar a los organizadores de los cortes para iniciarles un proceso contravencional, pero son muy pocos los casos que terminaron en condenas efectivas.
El Gobierno sólo actúa a veces.
El 1° de marzo la Presidenta pidió legislar para ordenar las protestas callejeras. Cuatro días después, ante una jornada de múltiples piquetes y tránsito colapsado, el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, dijo que no se iban a tolerar más cortes de calles. Pero hasta ahora el Gobierno mantiene un criterio dispar: evitó algunas protestas, pero deja correr a la mayoría, a las que se limita a controlar pero no impedir.
El 31 de enero, fuerzas federales impidieron un corte de la Costanera Norte frente al Aeroparque en un reclamo de trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral; el 27 de febrero tampoco permitieron un piquete de manifestantes de izquierda en la Panamericana; y el 5 de enero evitaron que trabajadores el INTI interrumpieran el tránsito en la General Paz y Constituyentes.
Por el contrario, las fuerzas de seguridad que dependen de la Nación casi nunca evitan cortes en las calles porteñas, como las que habitualmente se dan frente al Ministerio de Trabajo o sobre la avenida 9 de Julio
5 de marzo. La Federal impidió un corte de trabajadores del INTI en General Paz y Constituyentes. El piquete se hizo igual en la colectora.
12 de marzo. Una marcha de la CTA hizo colapsar la 9 de Julio.
